La Ayuda Social
Este artículo es una profundización de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la ayuda social.
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Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.
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¿Cómo se define? Concepto de Ayuda social
Véase la definición de Ayuda social en el diccionario.
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Ayuda Social, Renta Social y Pobreza
Durante mucho tiempo, la asistencia social fue una forma de hacer frente a los problemas más acuciantes, ya fueran los cupones de alimentos en Estados Unidos, donde el primer Plan de Cupones de Alimentos data de 1939, o los vales o la ayuda médica gratuita concedida en Francia por los Centres Communaux d'Action Sociale (C.C.A.S., las antiguas oficinas de asistencia social).
Sin embargo, además del carácter estigmatizador de esta ayuda de urgencia - "La asistencia no debe estar exenta de vergüenza. Es un acicate indispensable para el bien general de la sociedad", escribía Malthus en 1798 en su célebre Ensayo sobre el principio de la población-, esta respuesta fragmentaria se ha revelado cada vez más insuficiente frente a los problemas planteados por el desempleo masivo, la transformación de las estructuras sociales (el declive del trabajo por cuenta propia, por ejemplo) y, más en general, la creciente complejidad de la sociedad. La acumulación de medidas por categorías -becas de estudios, ayudas al transporte para las familias, pensión mínima de vejez, etc.- ha tapado algunos agujeros. - Apenas se ha tapado un agujero, con más o menos éxito, han aparecido otro u otros como consecuencia de cambios en el seno de la propia sociedad. ¿No sería más sencillo, y mucho más eficaz, instaurar un derecho universal a la renta, independiente del trabajo? La idea no es nueva. Ya la formuló Thomas Paine en 1792 (uno de los redactores de la Constitución estadounidense, que llegó a ser diputado por Pas-de-Calais y escapó por los pelos al Terror, a diferencia de su amigo el marqués de Condorcet).
Creyendo que la civilización "ha hecho a una parte de los hombres más ricos y a la otra más pobres de lo que serían en su estado primitivo o natural", Paine propuso que la sociedad pagara a todo el mundo, al alcanzar la mayoría de edad, quince libras esterlinas, y después, a partir de los cincuenta años, diez libras anuales de por vida. ¿Por qué todos, y no sólo los más necesitados o los más merecedores? Para evitar "cualquier distinción odiosa", dijo. Más de dos siglos después, el debate sigue vigente. De hecho, es más actual que nunca: no sólo porque dos siglos de crecimiento económico no han erradicado la pobreza en los países desarrollados, sino también porque una sociedad más rica hace mucho más fácil financiar una renta social.
Sin embargo, la cuestión central sigue sin resolverse: ¿esta renta social debe concederse a todo el mundo, como defendía Thomas Paine -esta es la tesis de la renta social garantizada, o salario digno, como la llaman muchos-, o sólo a algunos? Y, en este último caso, ¿debería ser una renta mínima pagada a quienes no tienen nada más, como la RSA (renta de solidaridad activa, que sustituyó a la RMI (renta mínima de inserción) francesa en 2009) "básica"? ¿O hay que dar un paso más y complementar los ingresos de los hogares que trabajan pero no ganan lo suficiente para vivir decentemente? Esta última solución -una renta social que complemente los bajos ingresos salariales- existe desde hace tiempo, primero en Estados Unidos (earned income tax credit) desde 1975, luego en el Reino Unido desde 1999, inicialmente reservada sólo a las familias con hijos a cargo (working families' tax credit), luego, a partir de 2003, abierta a todos los hogares, incluso sin hijos a cargo, con bajos ingresos salariales (working tax credit). El término "crédito fiscal" significa que, cuando los hogares afectados pagan el impuesto sobre la renta, éste se reduce en la misma cuantía y que, cuando no pagan el impuesto sobre la renta, o no pagan lo suficiente, el fisco les abona lo que se les acredita. Por eso se habla a veces de "impuesto negativo": por debajo de un determinado nivel de ingresos, el recaudador paga; por encima de ese nivel, lo quita. En Francia se introdujo un sistema similar en 2001: la prima de empleo. Estas tres soluciones (renta social para todos, renta mínima para los más desfavorecidos, renta social complementaria para las rentas bajas) pueden parecer muy similares, pero no lo son, porque cada una implica opciones sociales diferentes y plantea problemas muy distintos.
Una renta social para todos
Nota: Véase también acerca de los Ingresos Mínimos. Bajo distintas denominaciones (subsidio universal, renta de existencia, renta básica, renta de ciudadanía, dividendo social, etc.), la solución de una renta social para todos supone que, dentro de la sociedad, toda persona tiene derecho, desde su nacimiento hasta su muerte, a una renta social garantizada, independientemente de los demás recursos de que disponga.
Como dijo el economista británico James Meade (Premio Nobel de Economía en 1977 e inventor de la contabilidad nacional), "no para existir, sino porque existimos": es un derecho que la sociedad reconoce a todos, no una limosna para los necesitados. Porque parte de la eficiencia actual de la sociedad proviene del gigantesco esfuerzo realizado por las generaciones anteriores para acumular conocimientos, infraestructuras y equipamientos, que nos legaron, y gracias a los cuales nuestro nivel de producción es significativamente superior al que tendríamos si, a nuestra vez, tuviéramos que partir de cero. Esto justifica que cada uno de nosotros reciba los ingresos de este patrimonio que poseemos conjuntamente. Esta justificación no es nueva. Ya se encuentra en el Curso de Filosofía Positiva de Auguste Comte: el "servicio humano" -expresión utilizada por el fundador del positivismo para describir el trabajo- es el resultado del legado de las generaciones anteriores que nos transmiten su experiencia, sus análisis y sus mejoras, de modo que lo que creamos es en parte obra suya; por ello proponía pagar a todos, sin distinción, esta "renta humana".
Una respuesta al declive del empleo
Sin embargo, la mayoría de los partidarios de una renta social garantizada adoptan un enfoque mucho más pragmático: como hay escasez de trabajo, y es probable que la escasez vaya en aumento, tenemos que encontrar otra forma de distribuir la riqueza producida. De lo contrario, nos dirigimos inevitablemente hacia una sociedad cada vez más rica en su conjunto, pero en la que los excluidos del trabajo - cada vez en mayor número - serán cada vez más pobres. Este es el punto de vista de Jean-Marc Ferry (1995): "Hoy en día, el trabajo condicionado está dejando de ser un factor primario de producción, principalmente debido a la automatización desenfrenada, y el poder del aparato de producción es cada vez más independiente de la fuerza y la cantidad de mano de obra directamente movilizada para la producción (trabajo social). De ello se deduce que la remuneración del trabajo ya no puede garantizar una salida a la producción". Lo mismo opinaba André Gorz (1997), que veía en ello el comienzo de una gran revolución social: "Como la producción social (de lo necesario y de lo superfluo) requiere cada vez menos trabajo [asalariado] y remunera cada vez menos, cada vez es más difícil obtener ingresos suficientes y estables del trabajo asalariado [...]. [...] El remedio para esta situación no es, evidentemente, "crear trabajo", sino distribuir de la mejor manera posible todo el trabajo socialmente necesario y toda la riqueza socialmente producida. [...] El derecho a una renta adecuada y estable ya no tendrá que depender de la ocupación permanente y estable de un puesto de trabajo.
..". En cierto modo, una renta social garantizada permitiría poner en común los recursos generados por la actividad productiva en beneficio de todos.
Un sustituto de la intervención pública en la economía
Existen, sin embargo, otras justificaciones más liberales. Por ejemplo, Béatrice Majnoni d'Intignano (1997, 1998) sostiene que "al separar las rentas de subsistencia de las rentas del trabajo, las empresas podrían pagar a los trabajadores en función de su valor de cambio y de su productividad, y contratar y despedir libremente". En otras palabras, para qué mantener los SMI, los convenios colectivos y todo lo que conllevan, ya que una renta social garantizada pagada a todos eliminaría el riesgo de que alguien percibiera menos del mínimo de subsistencia. Así pues, el mercado se analiza aquí como el mejor regulador económico posible, al que hay que dejar funcionar sin trabas, añadiendo en todos los casos la renta social garantizada a las rentas del trabajo y a las rentas del capital, de modo que aquellos a los que el mercado excluiría, o a los que la remuneración propuesta les parecería demasiado baja, puedan sin embargo vivir. De ahí el éxito de la renta social garantizada entre los economistas liberales (Milton Friedman en particular), que la ven como una forma de liberalizar el mercado laboral sin empobrecer a los que se encuentran en la parte inferior de la escala de ingresos.
Sin embargo, James Meade propuso que esta flexibilidad salarial total fuera acompañada del reparto de una parte sustancial de los beneficios de la empresa entre todos los asalariados: lo que los asalariados de la parte inferior de la escala perderían en salarios, lo recuperarían en gran parte gracias al reparto de los beneficios. Pero es el único que hace esta observación. Así pues, la renta social garantizada juega en dos registros opuestos: para unos, permite distribuir mejor los ingresos, para otros, hacer que el mercado funcione mejor. Los primeros han dicho adiós al pleno empleo, mientras que los segundos quieren volver a él a través de la flexibilidad salarial.
Ventajas e inconvenientes de un salario digno
En la sociedad actual, una renta social garantizada tendría dos ventajas innegables. En primer lugar, como vio claramente Thomas Paine, al hacer que el pago de una renta fuera automático para todos, evitaría todos los fenómenos de "estigmatización" o asistencialismo que sufren hoy quienes tienen que solicitar ayudas o ingresos sociales por falta de otros ingresos.
Cada uno de nosotros sería acreedor de la sociedad, mientras que en la actualidad los más desfavorecidos sienten con demasiada frecuencia que no ejercen un derecho, sino que piden caridad, lo que va en contra de la autonomía y el respeto de la persona. En segundo lugar, como la renta social garantizada es incondicional, cualquier otro ingreso -procedente de un trabajo remunerado, por ejemplo- se sumaría a ella, mientras que actualmente los beneficiarios de una renta social mínima ven reducidos sus ingresos cuando encuentran trabajo.
Algunos argumentarían que esto disuadiría a la gente de buscar trabajo activamente. Pero la moneda tiene otra cara. En primer lugar, está el coste: 500 euros al mes por persona, por ejemplo, la cifra máxima generalmente propuesta (pero André Gorz reclama "una renta adecuada", que es mucho más alta, sin sugerir una cantidad), representaría un coste anual de 300.000 a 400.000 millones de euros, dependiendo de si esta renta se paga a todos, o sólo a los adultos, como proponen François Bourguignon y Pierre-André Chiappori. Esto no puede financiarse únicamente con el impuesto sobre la renta, ¡que es entre seis y ocho veces inferior a esta cantidad! Así pues, la renta social garantizada tendría que sustituir a determinadas prestaciones sociales: prestaciones sociales mínimas, por supuesto, pero también asistencia social (becas, ayuda médica gratuita, etc.), seguro de desempleo, prestaciones familiares (incluido el subsidio de vivienda) y, sin duda, pensiones básicas". Es probable que la renta social garantizada resulte costosa para las finanzas públicas, en detrimento de otras medidas más eficaces social o económicamente, por estar mejor "dirigidas" a las capas sociales más desfavorecidas y ser, por tanto, más redistributivas.
Una renta mínima
A diferencia de la renta social garantizada, el principio de una renta mínima consiste en pagar una ayuda social sólo a aquellos cuyos otros ingresos son insuficientes, y no a todos. Además, es una renta que se paga sin contraprestación. En Francia, la creación de la RMI (renta mínima de inserción) en 1988 preveía la firma de un contrato (denominado "contrato de inserción") entre el beneficiario y la colectividad, en el que se especificaban los compromisos del beneficiario (búsqueda de empleo, formación, cuidados, etc.) y los de la colectividad (ingresos). El pago de la prestación, limitada en el tiempo y sujeta a revisión, debía supeditarse a este compromiso recíproco. Pero esta cláusula no se aplicó prácticamente nunca, a pesar de que apenas uno de cada dos beneficiarios había firmado este "contrato de integración": ¿cómo se puede privar de recursos a una persona que no tiene de qué vivir? Además, los demás ejemplos de ingresos mínimos en Europa -el minimex belga, las prestaciones complementarias británicas, etc.- son o eran incondicionales y automáticos. - son o eran incondicionales y automáticas, siempre que otras fuentes de ingresos estén o hayan estado por debajo del límite máximo. Por último, se trata de una renta diferencial.
Cuando los ingresos personales del beneficiario aumentan (por ejemplo, cuando encuentra un empleo), la prestación social se reduce en la misma cuantía. Es cierto que esto no ocurre inmediatamente: en el caso de la renta mínima de inserción, por ejemplo, un sistema conocido como intéressement (participación en los beneficios) permitía combinar parcialmente la renta mínima de inserción y el salario, pero sólo durante un periodo limitado (un trimestre o un año, según los casos).
Cambios en la renta mínima de inserción
Además, la naturaleza de la renta mínima de inserción ha cambiado con el tiempo. Inicialmente, su objetivo era colmar las lagunas de un sistema de protección social centrado principalmente en las personas que trabajaban. Pero el aumento del desempleo masivo ha ido rompiendo los diques: con las sucesivas reformas del seguro de desempleo que han restringido el derecho a la prestación debido al enorme aumento del número de parados, el RMI se ha convertido en el destino de un número considerable de desempleados incapaces de encontrar trabajo.
En lugar de ser una mano tendida por la sociedad a los que han caído en desgracia, se ha convertido progresivamente en una especie de seguro de desempleo con descuento para los excluidos del sistema de seguro de desempleo, como explica Marie-Thérèse Join-Lambert: "A partir de 1993, asistimos a un aumento espectacular del número de beneficiarios del R. M. I.. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Tardamos algún tiempo en darnos cuenta de que este fenómeno estaba vinculado no a un aumento particular del fraude en las prestaciones o a una cultura de la asistencia, sino al aumento del desempleo y a las restricciones de los sistemas de prestaciones". Lo que sólo pretendía ser una medida transitoria, para dar tiempo a la gente a reinsertarse en la sociedad, se convirtió en una fuente permanente de ingresos para algunos, debido a la acumulación de desempleo de larga o muy larga duración, y al consiguiente deterioro de la "empleabilidad" de los afectados. En consecuencia, la renta mínima de inserción suscitó tres tipos de críticas, bien resumidas por Alain Caillé: "Su carácter contractual lo convierte en una prestación condicionada a una obligación de comportamiento: hay que ser un pobre 'merecedor'. La renta mínima de inserción es revocable, lo que coloca a sus "beneficiarios" en una situación de incertidumbre y precariedad poco propicia para integrarse en un proyecto de vida a medio y largo plazo. Por último, no se puede compatibilizar con otras fuentes de ingresos: de forma temporal, pero no estructural, de modo que cuando los perceptores encuentran fuentes de ingresos adicionales, se enfrentan a una alternativa dramática: o bien -y es la opción más frecuente- no declaran esos ingresos, lo que crea un clima de insalubridad; o bien los declaran, lo que reduce en la misma cuantía su prestación de la renta mínima de inserción y, en última instancia, provoca su baja en el padrón".
¿Es el renta mínima de inserción una trampa de inactividad?
Esta última crítica es la que ha centrado el debate. Para que resulte atractivo volver a trabajar, el ingreso mínimo debe ser inferior al salario mínimo interprofesional. Incluso si el deseo de trabajar no puede reducirse a los ingresos esperados, los que deciden trabajar deben, no obstante, sentir que están siendo recompensados, en lugar de penalizados, en comparación con los que deciden no trabajar. En la mayoría de los casos, la experiencia demuestra que, cuando encuentran trabajo, los beneficiarios de la renta mínima de inserción sólo encuentran empleos a tiempo parcial o muy parcial (unas horas de limpieza o de jardinería, por ejemplo). Poco a poco se fue estableciendo una especie de "norma" de empleo precario, la mayoría de las veces a tiempo parcial y mal remunerado, dirigido sobre todo a las personas con dificultades para volver a trabajar, un ejemplo de "precariado". Las empresas de determinados sectores -en particular la restauración y la hostelería, los servicios a domicilio y los supermercados- han adoptado masivamente esta norma, multiplicando el número de contratos de este tipo. Como consecuencia, la diferencia entre los ingresos mínimos y los ingresos del trabajo se ha reducido considerablemente, por término medio. Y para una persona que percibe la renta mínima, la ganancia neta de volver a trabajar ha tendido a disminuir considerablemente. En algunos casos, incluso ha tendido a anularse si se tienen en cuenta ciertas prestaciones complementarias de las que disfrutan los perceptores de rentas mínimas (transporte gratuito en ciertas aglomeraciones, por ejemplo, o reducciones para las comidas de comedor), mientras que el empleo supone gastos adicionales (transporte, cuidado de los niños, etc.). Por tanto, el incentivo para volver a este tipo de empleo ha disminuido considerablemente. Así pues, se acusa a la RMI de convertirse en una "trampa de inactividad", es decir, de disuadir a los beneficiarios de buscar trabajo y animarles a conformarse con la asistencia social.
Esto explica también la reticencia de los poderes públicos de la época a aumentar el RMI, a pesar de su bajo nivel. Es cierto que los estudios empíricos han demostrado que, incluso cuando las ganancias generadas por la vuelta al trabajo de los beneficiarios de la RMI son muy bajas o nulas (Gurgand y Margolis, 2001), "no prejuzgan las decisiones de actividad de las personas ni su comportamiento en materia de búsqueda de empleo". En otras palabras, no son sólo los cálculos financieros los que determinan las decisiones de las personas, sino también el hecho de que el empleo les permite salir del aislamiento o recuperar la confianza y la dignidad ganándose la vida por sí mismos en lugar de depender de la asistencia social.
Así pues, si hay que "hacer que trabajar sea rentable", no es ante todo por razones económicas, sino por razones de justicia social: hay algo chocante en el hecho de que alguien que vuelve a trabajar a tiempo parcial no reciba más de lo que recibía cuando no trabajaba.
Cambios en el renta de solidaridad activa
Estas críticas desempeñaron un papel clave en la decisión de sustituir la renta mínima de inserción por una renta de solidaridad activa (RSA) en 2008. Por un lado, se suprimió el contrato de inserción, en favor de un "referente único": un trabajador social encargado de acompañar personalmente al beneficiario.
Si el beneficiario tiene derecho a una ayuda "profesional", debe inscribirse en Pôle emploi y cumplir las normas impuestas a los demandantes de empleo (búsqueda de empleo, posible formación, etc.).
Si se considera que el beneficiario está demasiado lejos del empleo, se le concede un "apoyo social", sin obligación de buscar trabajo, pero con objetivos que debe alcanzar en materia de cuidados, búsqueda de alojamiento, etc., con la ayuda de su asesor. En segundo lugar, si el beneficiario vuelve a trabajar, no se le retira la renta social, sino que sólo se le reduce en proporción a los ingresos salariales percibidos, lo que significa que los beneficiarios con bajos ingresos salariales pueden seguir percibiendo un complemento social a sus ingresos salariales (este complemento se denomina "RSA actividad", por oposición a la "RSA socle", que ha sustituido a la RMI). Así pues, la "trampa de la inactividad", si es que existe, se reduce considerablemente, ya que en todos los casos, gracias al doble mecanismo de la renta de solidaridad activa (a la vez ingresos mínimos y actividad social complementaria de los ingresos), trabajar permite ganar más de lo que se ganaría con la asistencia social.
Una renta social para completar los bajos ingresos del trabajo
Así pues, la prestación de actividad de la renta de solidaridad activa se ajusta a la tercera solución, que consiste en pagar una renta social sólo a los más desfavorecidos, pero reduciendo esta renta en una determinada proporción cada vez que se le añade otra renta (procedente del trabajo). En el caso de la renta de solidaridad activa activité, la reducción de la renta social equivale al 32% de las rentas del trabajo percibidas. 100% de los ingresos del trabajo percibidos, lo que significa que este complemento social se anula aproximadamente al nivel del umbral de pobreza. La tasa de degresividad suele denominarse "tasa de deducción".
Cuanto más bajo sea, mayor será el incentivo para que los beneficiarios encuentren un empleo o trabajen más. Pero, al mismo tiempo, hay que subvencionar a los que ganan más. Inevitablemente, esto significa también ayudar a personas que, aunque se encuentren en el extremo inferior de la escala de ingresos, no pueden considerarse pobres. En todos los casos, el complemento de renta social se reserva a quienes trabajan, hasta un determinado nivel de ingresos profesionales: por tanto, no se modifica la renta mínima que pueda existir. En Francia, fue con la "prime pour l'emploi" (P.P.E.) cuando se introdujo por primera vez en 2001 este tipo de complemento de renta social, en forma de crédito fiscal (como en Estados Unidos y el Reino Unido), deducido del impuesto sobre la renta (para quienes lo pagan) o reembolsado (para quienes no tributan).
Con la introducción de la R.S.A. activité en 2009, sorprende que existan ahora en Francia dos regímenes con el mismo objetivo: complementar los bajos ingresos del trabajo.
Aunque el P.P.E.
Se dirige más bien a los hogares trabajadores de renta baja (alcanza su máximo al nivel del S.M.I.C. a tiempo completo), y la renta de solidaridad activa activité a los hogares trabajadores pobres (ya que se detiene en torno al umbral de pobreza), este doble sistema complica las cosas y es en parte redundante. Por lo tanto, es probable que en algún momento haya que fusionar ambos regímenes.
Experiencias en Derecho Comparado
Estados Unidos es el país que lleva más tiempo introduciendo el sistema de impuesto negativo sobre la renta y el que más dinero gasta en él (unos 40.000 millones de dólares a principios de la década de 2010). Introducido en dos estados a título experimental en 1975, el crédito fiscal sobre la renta del trabajo (EITC) se generalizó en 1978, y luego se reformó en varias ocasiones, sobre todo en 1996. En la actualidad sólo se aplica a las parejas casadas, ya que los diputados consideraron que ampliarlo a todos los hogares entrañaba el riesgo de aumentar el número de nacimientos fuera del matrimonio y el número de familias monoparentales, dos configuraciones familiares especialmente vulnerables a la pobreza.
Consiste en un crédito fiscal, que o bien se deduce del impuesto a pagar o bien lo reembolsa Hacienda. La cuantía máxima en 2012 era de 5.900 dólares anuales (para familias con tres o más hijos), y está reservada a las familias que ganan menos de 45.000 dólares anuales (familias con tres o más hijos). Estas cuantías disminuyen con el número de hijos a cargo, y una pareja sin hijos solo puede recibir un máximo de 500 dólares al año.
Se trata, pues, esencialmente de un régimen familiar. No cabe duda de que el EITC ha contribuido a reducir la pobreza en Estados Unidos, en la medida en que está vinculado en parte a la insuficiencia de los salarios y al bajo nivel del salario mínimo (alrededor de un 30% inferior al de Francia). En Estados Unidos, el umbral de pobreza se basa en una cesta de bienes definida a finales de los años 60 para un programa de ayuda alimentaria de urgencia, el Economy Food Plan. Desde entonces, esta cesta de bienes se ha ido ajustando en función de las subidas de precios oficiales: para una familia de dos adultos y dos niños, el umbral de pobreza en 2011 se fijó en unos ingresos mensuales de 1.900 dólares. Antes del pago del EITC, 46 millones de personas (el 15% de la población estadounidense) se encontraban en esta situación, frente a 40,5 millones (el 13,2% de la población) tras el pago del EITC. Aún estamos lejos, pero la medida parece eficaz para las familias con hijos. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Veintidós millones de familias se beneficiaron de ella en el ejercicio fiscal 2011, con un coste de unos 40.000 millones de dólares. A escala estadounidense, es ligeramente inferior a la RSA francesa, pero se dirige a un número menor de personas, ya que solo afecta a las parejas casadas, la mayoría con hijo(s).
Sin embargo, no es seguro que se haya alcanzado el objetivo inicial: incitar a las familias a pasar de la asistencia social al empleo, aunque esté mal pagado, y eliminar así las trampas de la inactividad. De hecho, en el caso de una pareja casada, basta con que uno de los miembros de la pareja trabaje para el hogar para tener derecho al complemento de renta social, lo que puede haber incitado a algunas parejas a reducir su intensidad de trabajo para obtener un complemento de renta social más elevado. En Canadá, se llevó a cabo un experimento en dos provincias anglófonas (Columbia Británica y Nuevo Brunswick) de 1992 a 2001: el Proyecto de Autosuficiencia (Self-Sufficiency Project, SSP) consistía en un complemento de ingresos sustancial (del orden de 7.500 euros al año en el mejor de los casos) pagado por el Estado. Dieciocho mil familias monoparentales con ingresos mínimos fueron objeto de seguimiento durante 18 meses: a la mitad de ellas se les ofreció este complemento de ingresos si encontraban un trabajo a tiempo completo con una remuneración insuficiente (menos del doble del salario mínimo) a condición de que renunciaran a la asistencia social, mientras que la otra mitad desconocía esta posibilidad y, por tanto, quedó excluida. La asistencia pública dio lugar a un retorno al empleo ligeramente superior (+4%), y sobre todo durante un período más largo, pero los beneficiarios tendieron a trabajar en empleos peor remunerados, como si los empresarios hubieran "recuperado" toda o parte de la asistencia reduciendo los salarios. Por lo tanto, se abandonó el plan experimental. En el Reino Unido, en 1999 se llevó a cabo una profunda reforma de la asistencia social en un sentido similar, bajo el nombre de Working Families' Tax Credit (W.F.T.C.), que se amplió en 2003 para incluir un crédito fiscal para todas las personas con bajos ingresos (Working Tax Credit, W.T.C.). Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Toda persona que trabaje al menos 16 horas semanales tiene derecho a 1.900 libras al año. Este crédito aumenta si hay uno o más hijos a cargo, si el trabajo implica al menos 30 horas semanales, si el trabajador es monoparental o una persona discapacitada. Por el contrario, se reduce en un 39 % de la base imponible del hogar. 100% de la renta imponible del hogar (tipo de deducción), lo que significa que se anula justo por debajo del umbral de pobreza del Reino Unido. En 2010, el régimen costó 11.000 millones de libras y benefició a unos cinco millones de hogares. El objetivo del Gobierno laborista, que introdujo el plan, era reducir a la mitad el número de niños pobres para 2015, proporcionando asistencia social a sus padres a condición de que trabajaran.
Sin embargo, en los últimos años, el número de hogares con niños que viven en la pobreza de ingresos ha empezado a aumentar de nuevo, después de haber disminuido significativamente entre 2003 y 2007 (alrededor de una cuarta parte de los niños salieron de la pobreza). Por ello, en 2016 se decidió abandonar este costoso régimen y sustituirlo por un "crédito universal". De ser así, el Reino Unido sería el primer país en introducir una "renta social garantizada" en forma de crédito fiscal fijo por persona.
Una medida controvertida
En realidad, estos experimentos con un complemento de renta social para los trabajadores con bajos ingresos tropiezan con varias dificultades. En primer lugar, técnicamente, el complemento se calcula por hogar, no por trabajador, para evitar ayudar a las personas cuyo cónyuge tiene unos ingresos laborales elevados.
Sin embargo, esto hace que el sistema sea relativamente complejo, ya que hay que demostrar los ingresos de todo el hogar y el estado civil. La mayoría de las veces, los interesados no pueden saber si tienen derecho o no y qué nivel de ingresos sociales recibirán. Además, si se trata de un crédito fiscal, sólo se calcula y se abona -en su caso- tardíamente, por término medio un año después de la situación que dio lugar a los ingresos suplementarios. Es cierto que los sistemas de pago anticipado existen en todas partes, pero generan posibles pagos excesivos, tanto más difíciles de reembolsar cuanto que los hogares afectados son a su vez más pobres. El resultado es un alto nivel de no utilización, es decir, de personas que, aun siendo potencialmente elegibles, no realizan los trámites o declaraciones que les permitirían recibir la ayuda.
Se calcula que en el Reino Unido hay 2 millones de hogares de este tipo, y entre 3,5 y 7 millones en Estados Unidos. En Francia, el porcentaje de no aceptación de la RSA se estima en un 68%. Y ello a pesar de que no se trata de un crédito fiscal, sino de una prestación basada en una declaración trimestral de los ingresos y la actividad del hogar. Sin embargo, esta no adopción no es sólo la consecuencia inevitable de la complejidad del sistema y de las consiguientes dificultades para obtener información o realizar los trámites necesarios. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): También se debe al hecho de que algunos de los hogares afectados son reacios a solicitar lo que consideran una forma de ayuda.
Sin duda piensan que si se ganan la vida, aunque no sea muy bien, pedir ayuda social sería una forma de verse reducidos a la condición de mendigos de la caridad. Desde este punto de vista, el régimen de actividades de la RSA ha resultado ser un fracaso: en lugar de ser visto como un complemento a los ingresos del trabajo, ha sido percibido en parte como una forma de asistencia por aquellos a quienes estaba destinado. En general, esta familia de regímenes - R.S.A. activité, E.I.T.C. o W.F.C. - se concibió inicialmente para hacer más atractiva la vuelta al trabajo.
En el caso de Francia, tenemos el informe final del Comité national d'évaluation du R.S.A. En él se indica que la tasa de retorno al empleo de los beneficiarios de la R.S.A. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Básica fue, de diciembre de 2009 a mayo de 2011, del 3% cada mes, mientras que, antes de mayo de 2011, la tasa era del 2%. Esto contrasta con el 2,6% anterior a la introducción del régimen. Efectivamente, el tipo ha subido, pero solo ligeramente. La experiencia canadiense ya había mostrado el mismo resultado. También existe un riesgo asociado a la renta social complementaria, ilustrado históricamente por la ley de Speenhamland, un condado inglés, en 1795. Los jueces del condado obligaban a las parroquias a complementar los salarios de los pobres si caían por debajo de un determinado mínimo.
Como explica detalladamente Karl Polanyi (1983), esta decisión pronto se convirtió en un precedente, permitiendo a los empresarios transformar el trabajo en una mercancía como cualquier otra y reducir los salarios por debajo del mínimo de subsistencia, ya que el paracaídas público estaba ahí. Ninguna medida", escribe, "ha sido tan universalmente popular". Los padres quedaban así liberados de la carga económica de sus hijos y éstos ya no dependían de sus padres; los empresarios podían reducir los salarios a su antojo y los trabajadores, empleados o no, ya no temían el hambre." Pero, continúa Polanyi: "A la larga, el resultado fue catastrófico. Aunque pasó mucho tiempo antes de que el hombre común perdiera tanto amor propio como para preferir las prestaciones para los pobres a un salario, los salarios rescatados por fondos públicos ilimitados le empujaron a depender de ellos." Más cerca de nosotros, la experiencia del subsidio de desempleo de "actividad reducida" en Francia ilustra el mismo riesgo. Este régimen, introducido en 1983, permite a los solicitantes de empleo conservar una parte de su prestación si vuelven a trabajar de forma intermitente o a tiempo parcial. Evidentemente, los empresarios han visto el resquicio: en las empresas audiovisuales, los restaurantes, los grandes almacenes, los parques de atracciones, etc., han proliferado los contratos de muy corta duración, que permiten a los empresarios disponer de una mano de obra totalmente flexible, gracias a una financiación parcialmente socializada.
Como señala Yves Rousseau (1998), jefe del servicio jurídico de la A.N.P.E.: "Este sistema permite también repercutir en la colectividad el coste de la totalidad o de una parte de los gastos mínimos de subsistencia indispensables del asalariado". Sin embargo, parece que, al menos en Francia, la creación del régimen de actividad RSA no tuvo el mismo efecto de acentuar la "fragmentación" del mercado laboral, que había comenzado mucho antes.
Si bien el complemento social de los ingresos del trabajo no ha alcanzado los objetivos esperados en términos de reinserción profesional y de lucha contra las trampas de inactividad, tampoco ha reducido significativamente la pobreza en el trabajo, que era el segundo objetivo.
Se trata, pues, de una respuesta parcial y sin duda insuficiente a los trabajadores más empobrecidos. En cierto modo, se ha sacrificado el aspecto social (ayudar a los trabajadores más pobres) en favor del aspecto económico (no fomentar el empleo indigno). En el fondo, no existe una respuesta totalmente satisfactoria al problema de la pobreza persistente en las sociedades ricas. El salario vital social, al dar prioridad a la igualdad en la redistribución, corre el riesgo de sacrificar la equidad, es decir, el hecho de que los más pobres puedan salir perdiendo. La renta mínima, al dar prioridad a la ayuda a los más desfavorecidos, corre el riesgo de sacrificar la eficacia, es decir, el hecho de que ganarse la vida favorezca tanto la autonomía de cada individuo como el nivel de vida de todos. La fiscalidad negativa, al dar prioridad a la ayuda a los que tienen rentas bajas, corre el riesgo de sacrificar la igualdad, es decir, el hecho de que se castigue por ello a los que no pueden ganarse la vida. No existe una solución correcta, sólo compensaciones entre ventajas y desventajas. Y, como siempre, las compensaciones son discutibles, ya que los criterios con los que cada cual mide las ventajas y los inconvenientes difieren según la escala de valores a la que se refieran. La elección final no es económica, sino política, es decir, basada en el sentimiento mayoritario. No hay buenas políticas sociales.
Sólo hay políticas sociales aceptadas por la mayoría. Revisor de hechos: EJ
Características de Ayuda social
Asunto: asuntos-sociales.
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Ayuda Social en Derecho Electoral
Asunto: derecho-electoral.
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Traducción de Ayuda social
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