Desigualdades Sociales en la Exposición al Cambio Climático
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.
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Desigualdades en la Exposición y la Vulnerabilidad al Cambio Climático
Desigualdades globales y cambio climático
En las últimas décadas se ha producido una convergencia económica entre países, impulsada sobre todo por el rápido desarrollo de India y China, aunque las tasas de crecimiento del PIB siguen siendo bajas en algunos países africanos. En cambio, las desigualdades de ingresos dentro de los países han aumentado durante el mismo periodo. Por ejemplo, en Estados Unidos, los ingresos del 10% más pobre se han estancado desde la década de 1980 y los del 1% más rico han crecido una media del 2% anual. Teniendo en cuenta las desigualdades tanto entre países como dentro de ellos, el crecimiento de la renta desde 1990 se ha distribuido de forma muy desigual entre los distintos deciles de renta en todo el mundo, como muestra la llamada curva del elefante. En ambos extremos de la distribución, los más pobres se han beneficiado poco de este crecimiento, mientras que el 1% más rico ha experimentado un fuerte crecimiento de la renta. En medio, el aumento de los ingresos de una gran parte de la población en las economías emergentes contrasta con el declive de la clase media en los países desarrollados. Al mismo tiempo, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero han aumentado, y ya se registra un calentamiento medio del planeta de 1,1°C en comparación con la era preindustrial, lo que tiene importantes consecuencias para la desigualdad de ingresos. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro): De hecho, el clima y la desigualdad están estrechamente relacionados por varias razones. Las condiciones climáticas y medioambientales de los países explican en parte las diferencias en sus resultados económicos. Además, tanto a nivel de países como de individuos, suelen ser los menos ricos los más vulnerables a los impactos del cambio climático. Los diversos efectos del cambio climático (olas de calor, sequías, aumento del nivel del mar, etc.) afectan de forma desproporcionada a los menos ricos. Podrían frenar la esperada convergencia entre países y dificultar la reducción de las desigualdades dentro de los mismos. Además, las desigualdades económicas se reflejan en las diferencias en la contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial. Los países desarrollados, y los individuos más ricos, por su nivel de consumo, contribuyeron de forma desproporcionada al aumento de la temperatura. Se trata de una doble penalización: los que tienen más probabilidades de sufrir las consecuencias del cambio climático son los que menos contribuyen al problema, y a la inversa, los países más responsables son también los menos vulnerables. Se ha hecho una relación del índice de emergencia (escala logarítmica), que cuantifica la contribución al cambio climático sobre los impactos futuros.
Cambio climático, pobreza y desigualdad
Por último, el diseño y la aplicación de políticas climáticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a un clima cambiante también plantean cuestiones en términos de desigualdades entre los países y dentro de ellos. Entre países, se plantea la cuestión de la equidad en la distribución de las acciones de mitigación y adaptación y su financiación. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro): Dentro de los países, las políticas climáticas pueden afectar a las desigualdades cuando sus costes pesan más en los más modestos o cuando ciertas categorías sociales quedan excluidas de sus beneficios. Por ejemplo, las políticas de mitigación pueden aumentar los precios de la energía o de los alimentos, con el riesgo de que los más pobres se enfrenten a una disminución de su nivel de vida y de que los países pobres frenen su desarrollo. Por otro lado, las políticas climáticas también pueden reducir las desigualdades, dependiendo del diseño de la política. Se trata, pues, de entender en qué condiciones la política climática puede conciliarse con la consecución de los objetivos de desarrollo, la reducción de la pobreza y la desigualdad. En este artículo, resumimos la literatura reciente sobre los vínculos entre el cambio climático y la desigualdad para mostrar cómo las cuestiones relacionadas con los impactos del cambio climático y su mitigación afectan a las desigualdades, tanto entre países como entre individuos. En primer lugar, analizamos las desigualdades en la exposición y la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. En otro lugar examinamos las desigualdades en la contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero entre países y entre individuos. El desarrollo de la cuestión del cambio climático tuvo lugar inicialmente en el ámbito científico a medida que mejoraba la comprensión del problema del efecto invernadero (véase más). Por último, más abajo, mostramos cómo las desigualdades ante el cambio climático pueden arrojar luz sobre la equidad en la distribución de las acciones para combatir el cambio climático.
Definir las desigualdades
El estudio de las desigualdades se centra en cómo se distribuyen ciertos beneficios dentro de una sociedad (justicia distributiva) y en la equidad de los procesos por los que se distribuyen estos beneficios (justicia procedimental). En el sentido económico del término, la desigualdad suele entenderse como la medida en que los ingresos se distribuyen de forma desigual entre los individuos de una población o entre los países. Puede medirse mediante indicadores como el índice de Gini, que mide la diferencia entre la distribución de la renta observada y una distribución igualitaria ideal en la que todos los individuos recibirían los mismos ingresos. También es posible analizar la situación de una determinada proporción de los hogares más pobres y compararla con la situación de los más ricos. Sin embargo, los ingresos ofrecen una visión limitada de las desigualdades económicas: la riqueza, tanto la de la tierra como la de los activos financieros, suele estar más concentrada que los ingresos y es, por tanto, una fuente importante de desigualdad entre los individuos. Las desigualdades de riqueza han aumentado en general en las últimas décadas, y la proporción de riqueza que posee el 1% más rico ha pasado del 28% en 1980 al 33% en 2017. Además, las desigualdades no se limitan a aspectos puramente económicos y suelen ser multidimensionales (véase más detalles). Otros tipos de desigualdades sociales pueden influir fuertemente en las condiciones de vida y las oportunidades de las personas, como el acceso a la salud, la educación y la participación en la toma de decisiones, así como las desigualdades raciales o de género, que pueden excluir a grupos sociales del acceso a puestos de trabajo o servicios sociales. Por último, las desigualdades pueden ser de carácter medioambiental, a través de un acceso diferenciado a determinados recursos naturales, a los servicios que presta la naturaleza o a la exposición a las externalidades de la contaminación.
Tipología de las desigualdades vinculadas al cambio climático
Podemos distinguir diferentes tipos de desigualdades relacionadas con el medio ambiente:
Las desigualdades de exposición y de acceso se refieren a la distribución desigual de la calidad del medio ambiente para los diferentes grupos individuales y sociales, ya sea de forma negativa (exposición a las molestias o a los peligros medioambientales) o positiva (acceso a los servicios medioambientales). En el caso del cambio climático, los individuos y los países se ven y se verán afectados de forma desigual por las consecuencias del cambio climático. (Véase la primera sección de este artículo).
Las desigualdades de impacto reflejan la contribución diferencial a la degradación del medio ambiente, por ejemplo en las emisiones de gases de efecto invernadero que son responsables del cambio climático. (Véase aquí.)
Las desigualdades de efecto de las políticas se producen cuando se aplican las políticas medioambientales. Las acciones de mitigación o adaptación pueden amplificar las desigualdades, por ejemplo porque sus costes pueden pesar más en los hogares más pobres o porque ciertas categorías pueden quedar excluidas de sus beneficios. (Véase más abajo).
Las desigualdades en la elaboración de políticas pueden existir debido a la desigual participación y empoderamiento de los individuos y grupos en las decisiones relativas a su entorno.
Los países y los hogares pobres son los más vulnerables a los impactos del cambio climático
Las desigualdades existen al margen de cualquier consideración relacionada con el cambio climático. Sin embargo, al igual que muchos factores como las instituciones, la educación, los mercados de trabajo o las estructuras sociales, el clima desempeña un papel en las condiciones de vida de las personas, ya que afecta a algunas fuentes de ingresos (especialmente de la agricultura), puede provocar la destrucción de viviendas o del capital físico, y tiene un impacto en el bienestar y la salud. No todos los individuos se ven afectados de la misma manera por el cambio climático: los impactos físicos serán diferentes de una región a otra. Además, los impactos económicos dependen de la vulnerabilidad socioeconómica de los individuos y los países. En general, los países y los individuos pobres son los más vulnerables a los impactos del cambio climático: están más expuestos, son más sensibles y tienen una menor capacidad de adaptación. El cambio climático ya está exacerbando las desigualdades y puede agravarlas aún más. Los impactos físicos ya son mayores en los países pobres, y lo serán aún más en el futuro. Por su ubicación, los países pobres están más expuestos a los distintos efectos del cambio climático: estrés hídrico, intensidad de la sequía, olas de calor, pérdida de rendimientos agrícolas o degradación de los hábitos naturales. Algunos autores estiman, utilizando indicadores que tienen en cuenta estos efectos del cambio climático, que el 90% de la exposición a los riesgos climáticos recae sobre África y el Sudeste Asiático, y los individuos más pobres dentro de estas regiones son los que más riesgo corren. Para el sector agrícola, los estudios muestran que los impactos del cambio climático son negativos en general, especialmente en las regiones de baja latitud en las que se concentran los países en desarrollo. Ya se ha observado el efecto diferenciado entre países: aunque el cambio climático ha reducido los rendimientos agrícolas en la mayoría de las regiones, algunos países desarrollados, especialmente en Europa, se han beneficiado de este calentamiento, por ejemplo Escocia (según un estudio llevado a cabo en 2012) y otros países del norte de Europa. Se ha creado un índice de vulnerabilidad al cambio climático, utilizando la relación "señal-ruido" normalizada. La relación indica cuánto aumentará la temperatura en comparación con la variabilidad histórica observada y, por tanto, la sensibilidad al cambio climático. Varios indicadores también ilustran esta distribución desigual de los impactos físicos. Las temperaturas extremas diarias que se esperan como consecuencia del cambio climático se localizan en las zonas menos desarrolladas. Aunque existe incertidumbre a nivel mundial sobre la evolución de los recursos hídricos debido al cambio climático, las regiones en las que se espera que aumente el estrés hídrico son zonas desfavorecidas, especialmente en el norte de África. Los ecosistemas también se ven afectados de forma desproporcionada en las zonas pobres. Los ecosistemas tropicales suelen estar adaptados a condiciones ecológicas estrechas, mientras que los de las zonas templadas pueden adaptarse a las mayores variaciones climáticas que experimentan durante el año. Por tanto, los ecosistemas tropicales se ven amenazados por variaciones de temperatura menores. Por esta razón, limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C en lugar de 2°C beneficiaría a los países más pobres. Dentro de los países, las comunidades u hogares pobres también se sitúan en zonas con mayor riesgo climático, para las que la tierra suele ser más asequible o porque ofrecen oportunidades en términos de acceso al empleo, la educación o la salud. Los habitantes de estas comunidades pueden verse obligados a vivir en zonas deltaicas propensas a las inundaciones o de riesgo ("Los 15 países del mundo con más personas expuestas a las inundaciones fluviales" 2015). En las ciudades, los asentamientos informales suelen estar situados en zonas expuestas a riesgos climáticos, por ejemplo en Dhaka (según un estudio alemán publicado en 2011), o en laderas susceptibles de sufrir desprendimientos de lodo, como en Sudamérica. En particular, los más pobres se encuentran de forma desproporcionada en zonas con riesgo de inundaciones urbanas o de sequía, y el número de personas expuestas a ese riesgo podría aumentar alrededor de un 10% en 2030 si no se reducen las emisiones. Lo mismo ocurre con la exposición al calor extremo: al igual que en los países cálidos, los más pobres tienden a concentrarse en zonas con temperaturas más altas (Park et al. 2018). Además, los mismos impactos físicos no provocan los mismos daños, debido a las diferencias de sensibilidad y capacidad de adaptación entre países y entre individuos. La mayor sensibilidad de los países pobres a los impactos del cambio climático se debe en parte a la importancia de los sectores agrícola, forestal y pesquero en la economía.
Una parte importante de la población depende directamente de actividades que pueden verse afectadas por el cambio climático, sobre todo los más pobres, cuya supervivencia depende del capital natural que tienen a mano, más que del capital físico o humano, y que se benefician de muchos servicios proporcionados por la naturaleza, que pueden verse amenazados por el cambio climático. Los más pobres también son muy vulnerables a fenómenos extremos como las catástrofes naturales, que probablemente aumentarán con el cambio climático. Viven en viviendas de menor calidad y, por tanto, son más sensibles a los riesgos climáticos. Los costes de reparación acumulados pueden representar una parte mayor de sus ingresos que para los hogares más ricos, como ocurrió tras las inundaciones de Bombay en 2005. Aunque el número de catástrofes naturales entre los países de ingresos bajos y altos ha sido equivalente desde la década de 1970, el número de muertes es 10 veces mayor en los países más pobres. Más allá de los ingresos, las instituciones también desempeñan un papel importante en la protección de las personas frente a las catástrofes naturales. La diferencia de vulnerabilidad entre los países ricos y los pobres está disminuyendo, pero sigue siendo considerable: en el periodo 2007-2016, la tasa de mortalidad por desastres naturales es aproximadamente cuatro veces mayor en los países pobres. Por último, los hogares más pobres corren el riesgo de sufrir los diversos efectos del cambio climático sobre la salud, a través de las olas de calor (Ahmadalipour, Moradkhani y Kumar 2019) o la propagación de enfermedades (malaria, dengue). Las olas de calor afectan de forma desigual a los distintos grupos sociales. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro): Durante la ola de calor de 2003 en Europa, más allá del factor demográfico (el 90% de las muertes fueron personas mayores de 65 años), la mortalidad fue mayor para las categorías sociales más bajas. Esta ola de calor podría ser un verano medio a finales de siglo en escenarios de altas emisiones. Los más pobres también se enfrentan a impactos indirectos, como el aumento de los precios de los alimentos como consecuencia de un menor rendimiento agrícola o de fenómenos meteorológicos extremos. Son especialmente sensibles a los cambios en estos precios, ya que gastan una gran parte de sus ingresos en alimentos. El aumento de los precios podría amenazar la seguridad alimentaria en algunas regiones, especialmente en el África subsahariana o en el sur de Asia, lo que aumentaría la pobreza en estas regiones. Los ingresos también pueden verse afectados cuando la productividad del trabajo disminuye debido a las altas temperaturas, en particular para el trabajo al aire libre. Por todos estos impactos, los más pobres tienen una menor capacidad de adaptación, y el cambio climático agrava las dificultades preexistentes. La mayoría de las veces, estas personas no se benefician de los mecanismos de seguro o del acceso a los servicios sanitarios básicos que pueden mitigar las crisis de precios o de ingresos. En caso de daños causados por una catástrofe natural, como una tormenta o una inundación, deben recurrir a sus propios bienes. Con menos activos, les resulta más difícil hacer frente al riesgo. Además, sus activos están menos diversificados: en el caso de los hogares urbanos pobres, la vivienda constituye la mayor parte de sus activos y está en riesgo en caso de eventos extremos. En el caso de los hogares rurales pobres, su capital reside principalmente en los rebaños, y pueden perderse durante una sequía. En caso de riesgos climáticos, los más pobres también se ven más afectados por enfermedades como la malaria y las enfermedades transmitidas por el agua.
Un choque ambiental tiene efectos a largo plazo, aumentando sus cambios de caer en trampas de pobreza. Así pues, el cambio climático actúa como un amplificador del riesgo para los más pobres. Estas desigualdades en las vulnerabilidades están vinculadas a otras dinámicas socioeconómicas, tanto a nivel de grupo social como de país. La vulnerabilidad es multidimensional y puede verse acentuada por diferentes formas de discriminación contra determinados grupos, por razones de género, raza o clase. En muchos países en desarrollo, las mujeres se encargan de recoger agua y leña, lo que las hace vulnerables al efecto del calentamiento global. Más allá de la dimensión de los ingresos, la raza, la estructura familiar y el nivel de educación influyen en la forma en que los individuos se ven afectados por las catástrofes naturales, como ocurrió durante el huracán Katrina. Esta situación se ve reforzada por el hecho de que los grupos desfavorecidos tienen menos poder de decisión y, por tanto, pueden beneficiarse menos de los recursos públicos. Por tanto, es probable que el cambio climático agrave las desigualdades existentes. El mayor impacto del cambio climático para los más pobres ya puede medirse a todas las escalas. El cambio climático ha aumentado las desigualdades entre países, y un estudio sugiere que la relación entre el último y el primer decil sería un 25% menor si no hubiera habido cambio climático. El impacto del cambio climático afecta de forma desproporcionada a los más desfavorecidos dentro de los países entre las diferentes regiones y dentro de las ciudades. Si no se toman medidas para limitar el cambio climático, sus impactos seguirán amplificando las desigualdades -entre países y dentro de ellos- y podrían socavar el desarrollo y la erradicación de la pobreza.
Un informe del Banco Mundial estima que otros 100 millones de personas podrían caer en la pobreza en 2030 a causa del cambio climático. La gestión del calentamiento global es, por tanto, un requisito previo para la mejora sostenible de las condiciones de vida.
Huracán Harvey
El caso del huracán Harvey, que azotó Texas en 2017, demuestra que los países desarrollados también son vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos. El huracán y sus lluvias torrenciales mataron a unas 100 personas y causaron daños estimados en unos 100.000 millones de dólares. Los más pobres sufrieron la mayor parte de los daños, ya que los hogares de bajos ingresos se concentraron en las zonas propensas a las inundaciones. También les resultó más difícil reubicarse. La mayoría no tenía seguro, lo que puede empujarlos a la pobreza de forma duradera. Según el IPCC, es probable que la intensidad de los huracanes aumente con el cambio climático. En concreto, la probabilidad anual de que Texas experimente lluvias comparables al huracán Harvey aumentará hasta el 18% a finales del siglo XXI en el escenario más pesimista de emisiones de gases de efecto invernadero, frente a solo el 1% en el periodo 1980-2000.
Equidad en las acciones de respuesta al cambio climático
Las políticas de mitigación y adaptación pueden tener efectos regresivos o progresivos, aumentando o disminuyendo las desigualdades y la pobreza, dependiendo de cómo se diseñen y apliquen. Los impactos desproporcionados de los futuros daños climáticos justifican políticas de mitigación más ambiciosas.
Reducir las emisiones hoy limita los riesgos futuros de que los más vulnerables sufran eventos extremos o impactos en su salud. La reducción de las desigualdades futuras puede considerarse, pues, un "co-beneficio" de la mitigación. Este beneficio puede medirse mediante una herramienta de análisis económico denominada coste social del carbono, que corresponde al valor descontado de los daños evitados y al valor otorgado a las acciones de mitigación. Este valor se utiliza, en particular, para llevar a cabo el análisis coste-beneficio de las políticas públicas y los proyectos de inversión pública o para diseñar un impuesto sobre el carbono. La determinación de este valor plantea cuestiones filosóficas y éticas sobre cómo se tiene en cuenta el riesgo y cómo se valoran las desigualdades, pero el hecho de que los impactos recaigan en mayor medida sobre los grupos de ingresos más bajos les da más peso. Esto puede aumentar el valor de la atenuación en un factor de entre 2 y 10. La magnitud de este efecto puede ser limitada cuando los costes de la atenuación afectan de forma desproporcionada a los más vulnerables. Sin embargo, incluso cuando los costes se reparten de forma regresiva entre los países, la mitigación puede seguir reduciendo las desigualdades a largo plazo en muchos escenarios socioeconómicos. Definir la distribución justa de las acciones de mitigación, y su financiación entre países, es difícil, tanto por la dificultad de tener en cuenta los diferentes niveles de interacción entre la desigualdad y el clima como por las dadas diferentes visiones del mundo sobre lo que es justo. En las negociaciones sobre el clima, los países han tratado de definir durante las distintas COP la distribución equitativa de las reducciones de emisiones entre los países y las obligaciones de financiación internacional, respetando tanto la responsabilidad histórica de los países como sus diferentes capacidades. Esto ha llevado, en particular, a la adopción del principio de "responsabilidad común pero diferenciada", primero en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y luego en el Protocolo de Kioto. Pero se plantean muchas cuestiones para hacer operativo este concepto. ¿Debemos compensar a los países que se verán más afectados por el cambio climático? Cómo tenemos en cuenta la necesidad de desarrollo al tiempo que limitamos el aumento de la temperatura a 2 °C? Cómo asignamos la responsabilidad de las emisiones entre la producción y el consumo? ¿Debe darse prioridad a los más pobres y cómo pueden crearse exenciones para que las emisiones satisfagan las necesidades básicas de los más pobres? ¿Deben tratarse las desigualdades debidas a la externalidad del carbono con las ajenas a la cuestión climática? El reconocimiento de la responsabilidad histórica de los países desarrollados llevó al Protocolo de Kioto a imponer reducciones de emisiones sólo a los llamados países del Anexo 1 y a proponer mecanismos de financiación Norte-Sur, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio y la transferencia de tecnología. El Protocolo de Kioto debía ser un primer paso hacia un acuerdo universal de reducción de emisiones, que entraría en vigor después de 2012. El enfoque descendente del reparto de la carga de las reducciones de emisiones se abandonó tras la Conferencia de las Partes celebrada en Copenhague en 2009, debido a la imposibilidad de acordar un reparto justo para todos. En virtud del Acuerdo de París, corresponde a cada país definir su contribución a la reducción de emisiones a través de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés). Si las contribuciones determinadas a nivel nacional se cumplieran exactamente, contribuirían a reducir las desigualdades de emisiones per cápita entre los países para 2030, con una reducción para los principales países de la OCDE y un aumento para los países emergentes y en desarrollo. No obstante, las emisiones resultantes en 2030 serían demasiado elevadas para ser compatibles con el objetivo del Acuerdo de París de contener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de +2 °C en comparación con los niveles preindustriales. En comparación con un escenario más ambicioso de reducción de las emisiones a corto plazo, las contribuciones determinadas a nivel nacional son desfavorables en términos de equidad intergeneracional, pero también en términos de equidad intrageneracional futura, ya que las generaciones futuras tendrían que soportar el coste de una reducción muy rápida de las emisiones después de 2030 y/o mayores impactos del cambio climático, impactos que afectan principalmente a los más pobres. En vista de la revisión de las contribuciones determinadas a nivel nacional, que debería conducir a una mayor ambición, varios estudios han evaluado las contribuciones determinadas a nivel nacional actuales en función de los principales criterios de reparto de la carga de mitigación propuestos (convergencia de las emisiones por capital, igualdad de las emisiones acumuladas per cápita, capacidad de pago, etc.). Las emisiones que se asignarían a un país determinado varían mucho según los criterios, y algunos de ellos conducen a presupuestos de emisiones negativos para los países desarrollados. La cuestión de la equidad y la justicia de la ambición de las contribuciones determinadas a nivel nacional seguirá desempeñando un papel en las negociaciones internacionales, y el objetivo a largo plazo establecido por el Acuerdo de París requiere que cada país avance hacia la neutralidad del carbono, a un ritmo que depende de sus capacidades específicas. La equidad es ahora más una cuestión de financiación. Las políticas climáticas inducen costes y beneficios para diferentes individuos dentro de un país. Estas políticas pueden ser regresivas, es decir, el coste expresado como proporción de la renta es mayor para los más pobres. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro): De hecho, estas políticas aumentan los precios de los bienes intensivos en emisiones, que representan una mayor parte del gasto de los más pobres. El cambio a tecnologías más limpias, que a veces son más intensivas en capital, también afecta a los ingresos. Estos efectos dependen tanto del tipo de instrumento político como de su aplicación. Por ejemplo, los impuestos sobre las emisiones inducen importantes efectos distributivos. Estos efectos son más significativos en algunos sectores, como el transporte, y en los países desarrollados que en los países en desarrollo, donde el consumo de energía de los hogares de bajos ingresos es bajo. El impacto de un impuesto también depende de los efectos sobre las rentas del trabajo y del capital, de cómo reaccionen los consumidores a los cambios de precios y de los cambios de ingresos a lo largo de su vida . En Francia, en 2014 se introdujo un impuesto sobre el carbono en los sectores del transporte y la vivienda, cuyo nivel aumentará cada año, con el riesgo que supone para los hogares dependientes del automóvil o que viven en viviendas mal aisladas. El efecto de un impuesto de 30 euros por CO2t (su nivel de 2017) aumenta así el número de personas en situación de pobreza energética en aproximadamente un 6%. Sin embargo, la introducción de un impuesto va acompañada de ingresos fiscales adicionales, cuyo uso determina su equidad. El aumento de la pobreza energética inducido por el impuesto sobre el carbono puede compensarse redistribuyendo parte de los ingresos a los hogares: basta con utilizar el 15% de los ingresos para anular el efecto sobre la pobreza energética. Aunque el 10% de los hogares más bajos puede beneficiarse por término medio de la redistribución, sigue habiendo una gran proporción de hogares cuya situación se deteriora debido a la gran heterogeneidad dentro de los deciles. Asimismo, el efecto de los permisos de emisión depende de las normas de asignación, ya que la asignación gratuita favorece a los propietarios de empresas contaminantes. Por último, las reformas fiscales para eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles pueden ser beneficiosas si se sustituyen por transferencias directas. El caso sin transferencias es la parte media de los ingresos de los hogares franceses, por decil, que se gasta en el impuesto sobre el carbono. Los otros casos corresponden a la parte después de la redistribución de parte de los ingresos para compensar la regresividad generada por el impuesto (la regresividad se basa en el índice de Suits): ya sea sobre una base equitativa por hogar (en tal caso, es necesario redistribuir el 59% de los ingresos), o con transferencias inversamente proporcionales a la renta (en tal caso, solo es necesario distribuir el 33% de los ingresos). Otras políticas públicas destinadas a reducir las emisiones pueden tener un efecto negativo sobre los más pobres. Las normas de eficiencia energética para los vehículos, aunque ahorran emisiones, también aumentan el coste de la compra de vehículos. Para alcanzar la misma reducción de emisiones, las normas pueden ser más regresivas que los impuestos. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro): Del mismo modo, las normas de eficiencia energética en el sector de la construcción en California han tenido un efecto negativo en los más pobres y han provocado una reducción de la superficie de sus viviendas. El efecto distributivo de las subvenciones a las energías renovables varía en función de su diseño, en particular de la forma en que se fijan los precios en el mercado de la electricidad, y de la capacidad de los productores para trasladar los costes a los consumidores. Por último, los créditos fiscales para la instalación de paneles solares o la compra de vehículos eléctricos pueden beneficiar a los más ricos. En Estados Unidos, el 60% de los diferentes créditos fiscales "verdes" entre 2006 y 2013 fueron a parar al 20% más rico. Algunas políticas de mitigación afectan a los más pobres a través de los efectos en los precios de los alimentos. Por ejemplo, el desarrollo de biocombustibles puede tener un efecto perjudicial en la seguridad alimentaria. El uso de la tierra para la producción de biocombustibles eleva los precios de los alimentos y puede tener impactos negativos, especialmente en las regiones de bajos ingresos, como el África subsahariana y el sur de Asia. También podría provocar la deforestación y despojar a las comunidades de sus tierras. Por el contrario, algunas políticas de mitigación tienen beneficios colaterales para los más vulnerables. En efecto, la combustión de combustibles fósiles libera contaminantes locales como partículas finas u óxidos de nitrógeno que causan enfermedades cardiorrespiratorias. Las comunidades socialmente desfavorecidas son las más expuestas a estos riesgos sanitarios globales. Por tanto, podrían beneficiarse de la reducción de los vehículos con motor de combustión interna o de las restricciones en el uso del carbón. Las políticas de adaptación se enfrentan a retos análogos y pueden tener efectos importantes en los hogares de bajos ingresos. Algunas acciones de adaptación pueden reducir la vulnerabilidad de los más pobres a los riesgos climáticos, como la conversión a cultivos más resistentes. El desarrollo de servicios financieros para los más vulnerables, de los que a menudo están excluidos, mejora su capacidad para hacer frente a los imprevistos, especialmente los climáticos. La indexación de las transferencias de efectivo a los precios de los alimentos también podría ayudar a los hogares durante los picos de precios de los alimentos. Sin embargo, el gasto en adaptación a veces se centra más en la protección del capital físico que en las personas en riesgo. Por ello, algunas herramientas de toma de decisiones públicas, como los análisis coste-beneficio, que solo tienen en cuenta los beneficios futuros y no cómo se distribuyen, pueden favorecer las proyecciones con mayores beneficios monetarios en detrimento de las que proporcionan una mejor protección a los más vulnerables. Tener en cuenta los efectos del bienestar, y no sólo los beneficios monetarios absolutos, garantizaría mejor la financiación de los proyectos que protegen a los más pobres. Datos verificados por: Johansson y Mix Asunto: politica-ambiental. Asunto: derecho-ambiental. Asunto: politica. A continuación se examinará el significado.
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¿Cómo se define? Concepto de Política en materia de cambio climático
Véase la definición de Política en materia de cambio climático en el diccionario.
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Características de Política en materia de cambio climático
Asunto: medio-ambiente.
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Recursos
Traducción de Política en materia de cambio climático
Inglés: Climate change policy Francés: Politique en matière de changement climatique Alemán: Klimaschutzpolitik Italiano: Politica in materia di cambiamenti climatici Portugués: Política para as alterações climáticas Polaco: Polityka przeciwdziałania zmianie klimatu
Tesauro de Política en materia de cambio climático
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Véase También
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático)
Acción ante el cambio climático