Economía de la Protección Social
Este texto se ocupa de analizar los aspectos económicos de la protección social. Se considera la protección social como una institución pública destinada a reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos y a proporcionar protección a todos contra lo
Economía de la Protección Social
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre los consumidores y el derecho de consumo, en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto jurídico y todo sobre la economía de la protección social. Véase también el contenido amplio de la "Naturaleza de la Justicia Social". Te explicamos, en el marco del derecho de consumo y los consumidores, qué es, sus características y contexto.
Visualización Jerárquica de Protección Social
Asuntos Sociales A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Protección Social
Véase la definición de protección social en el diccionario.
Economía de la Protección Social
Nota: Véase también en relación a la economía del Estado del Bienestar. Esta sección apunta varias ideas relativas a la protección social. En particular, se define el Estado del bienestar, la protección social y los seguros sociales. También introduc algunas taxonomías del Estado del bienestar, las más importantes basadas en la naturaleza redistributiva y el tamaño de los programas.
Definición del Estado del Bienestar
No es fácil dar una buena definición ni del Estado del bienestar ni de la protección social. De hecho, hay mucho del proverbial elefante en la habitación en lo que respecta a la protección social y al Estado del bienestar: puede que no seamos capaces de definir este elefante, pero podemos reconocer uno cuando lo vemos. Lo habitual es enumerar los objetivos que se persiguen y los instrumentos que se utilizan para alcanzarlos. Así, la protección social se compone de un conjunto de acciones financiadas por el Estado que:
apoyan a los individuos y a las familias a hacer frente a las vulnerabilidades durante su ciclo vital,
ayudan especialmente a los pobres y a los grupos vulnerables a tener la resiliencia necesaria para responder a las crisis y a los choques, incluidos los riesgos socioambientales, y
favorecen la inclusión social y apoyan a las familias.
Más concretamente, la protección social ayuda a hacer frente a los distintos riesgos a lo largo de la vida relacionados con el desempleo, la discapacidad, la enfermedad, la muerte prematura o tardía, la jubilación y la familia. Y se esfuerza por aliviar la pobreza tanto temporal como permanente y la desigualdad de ingresos. Los instrumentos habituales son las transferencias o la prestación de servicios como la educación y la vivienda. Tanto la sanidad como los cuidados de larga duración pueden ser proporcionados directamente por el Estado o indirectamente a través de transferencias que permiten pagar esos servicios. Entre las transferencias, se puede distinguir entre las de asistencia social, generalmente basadas en la comprobación de recursos, y las de seguro social que son en gran parte contributivas.
Estado del bienestar y protección social
Los datos ofrecen un esbozo de los principales componentes del Estado del bienestar y de la protección social. Se ve que el Estado del bienestar comprende la protección social pero también prestaciones en especie como la educación y la vivienda social. De estos datos se desprende la distinción entre el Estado del bienestar y la protección social, e incluso permite perfilar algunas taxonomías al respecto. Esta taxonomía puede discutirse. Por ejemplo, las prestaciones familiares pueden formar parte de la seguridad social, como ocurre en la mayoría de los países europeos, o pueden estar adscritas a la asistencia social. En esta sección, las prestaciones en especie sólo se tratan más abajo. Además, los objetivos antes mencionados pueden alcanzarse no sólo con medios presupuestarios, sino también con una serie de herramientas no presupuestarias. Entre ellos están las leyes; por ejemplo, la ley que obliga a los constructores a incluir en sus construcciones comodidades que sean amigables para las personas discapacitadas o la ley que obliga a los Empleadores a contratar a un determinado número de trabajadores discapacitados. También está la legislación que protege a los trabajadores contra los accidentes laborales. Además, existen varios regímenes privados de protección social que, aunque son obligatorios, no se financian con fondos que formen parte del gasto público. Entre ellos se encuentran las pensiones privadas obligatorias y los seguros de asistencia sanitaria. La importancia y la generosidad del Estado del bienestar suelen medirse por la proporción del gasto social en el PIB. Esta proporción tiene un rango bastante amplio entre los países industrializados, desde el 13,4% en Irlanda hasta el 31% en Francia para el año 2019. Nótese, sin embargo, que si tenemos en cuenta el gasto en protección privada obligatoria y la fiscalidad de las prestaciones sociales para obtener lo que se denomina la generosidad del gasto social neto, esta horquilla se estrecha. Por ejemplo, mientras que la parte del gasto social bruto en 2017 fue igual al 18,4% en Estados Unidos frente al 31,5% en Francia, en términos netos fue del 31,1% en Francia y del 29,7% en Estados Unidos.
La crisis del Estado del bienestar
A pesar de que la generosidad del Estado del bienestar ha ido aumentando en casi todas partes y convergiendo en todos los países, en las últimas décadas se han redactado numerosos libros y abundantes artículos e informes que indican que el Estado del bienestar está en crisis. Existe un cierto descontento que alcanza su punto álgido con la aparición de movimientos populistas y las diversas divisiones sociales que han surgido últimamente. Una de las principales críticas es que el Estado del bienestar puede haberse centrado demasiado en la mitigación de la pobreza y la reducción de la desigualdad y no lo suficiente en la movilidad social. Numerosas pruebas demuestran que el ascensor social ya no funciona, lo que genera frustración entre la gente que no ve perspectivas para ellos y sus hijos. Una crítica relacionada es que el Estado del bienestar está mal adaptado a los problemas actuales. Esto se debe a que fue diseñado hace varias décadas en un mundo en el que había poca movilidad de los factores y el consiguiente dumping social, el mercado laboral era menos precario, la solidaridad familiar era más fuerte y había más conformidad. El envejecimiento demográfico también está dificultando las cosas. A la vista de estas evaluaciones, existe una clara necesidad de diseñar una política social que responda a esos nuevos retos.
Tipos de Estado de bienestar
No existe un modelo único de Estado del bienestar en los países de la OCDE.
Cada país tiene su propio modelo que es el resultado de su cultura política y social y de su evolución económica. Existen varias taxonomías de los Estados del bienestar que se centran en características específicas de su funcionamiento. Los economistas tienden a centrarse en una taxonomía basada en dos características: la generosidad y el carácter redistributivo de los programas. El principal interés de distinguir entre tipos de programas de protección social radica en las diferentes implicaciones que tienen en términos de eficacia, equidad y sostenibilidad política. El sociólogo Esping-Andersen (1990) utilizó el concepto de "descomodificación" de la protección social para clasificar a los países. La descomodificación significa que los servicios se prestan y las transferencias se realizan como una cuestión de derecho, sin depender del mercado. Utilizando una serie de indicadores, clasifica su muestra de Estados del bienestar según su puntuación de descomodificación. Esto le permite distinguir entre tres regímenes de Estado del bienestar: las "nuevas" naciones anglosajonas se concentran en la parte inferior de su índice; los países escandinavos se sitúan en la parte superior; en medio, encontramos a los países de Europa continental, algunos de los cuales, como Bélgica y los Países Bajos, se sitúan cerca del grupo nórdico. Además de la taxonomía anterior, a menudo se utilizan tres conceptos relacionados para distinguir entre estados de bienestar. Son la activación, la responsabilidad y la individualización. La primera línea de separación es hasta qué punto se induce a los beneficiarios de las prestaciones sociales a salir del estado de dependencia en el que se encuentran. El programa danés de flexiguridad es típico de esa opción proactiva. Otra línea de separación se da entre los países en los que las prestaciones sólo se conceden cuando se considera que los beneficiarios tienen mala suerte y no son responsables de lo que son. Por último, está la distinción entre los programas que se centran en el individuo y otros dirigidos a la unidad familiar.
Como se verá, estas distinciones pueden tener implicaciones importantes en lo que respecta a la sostenibilidad financiera y política de la protección social y repercuten en el compromiso estándar entre equidad y eficacia.
Diseño y sostenibilidad
Esta subsección está dedicada a la idea de que una protección social bien diseñada debe ser tanto financiera como políticamente sostenible. Y presentamos el trade-off clave entre la naturaleza redistributiva de un programa y su apoyo político.
Programas de transferencias: Costes administrativos y eficacia redistributiva
Se espera que un programa de transferencias que funcione bien, como las pensiones públicas o la atención sanitaria, minimice sus costes administrativos y asigne las prestaciones a la población destinataria. Los regímenes de seguros privados y públicos incurren en lo que se denomina carga de gastos, es decir, la cantidad que cubre tanto los costes administrativos como los de mantenimiento. En comparación con el sector privado, los costes administrativos suelen ser bastante bajos en el sector público. Dos factores explican esta diferencia: la escala, mucho mayor en los programas públicos, que suelen cubrir a toda la población, y la ausencia de costosas campañas publicitarias. Otro problema de los programas de asistencia social es la ineficacia distributiva que se produce cuando los hogares necesitados no ejercen su derecho a beneficiarse de ellos, mientras que otros hogares que no sufren condiciones precarias sí se benefician. El primer problema está vinculado a la cuestión de la absorción causada por la ignorancia o el miedo a la estigmatización. El segundo problema, que surge cuando los grupos sociales acomodados se benefician a menudo de las disposiciones sociales destinadas a los grupos desfavorecidos, se ha estudiado bajo el nombre de "efecto Mateo". Según éste, por razones culturales e institucionales, los individuos acomodados superan a los desfavorecidos para tener acceso a diversos programas sociales. Un ejemplo famoso es el uso de Medicaid para cuidados de larga duración por parte de la clase media estadounidense mediante un proceso de empobrecimiento estratégico. La estrategia es estándar: gastar menos para tener derecho a los programas condicionados a los recursos. En general, el efecto Mateo se considera malo y, por tanto, debe combatirse. Al mismo tiempo, algunos autores elaboraron la "paradoja de la redistribución" según la cual puede ser deseable dejar que la clase media se beneficie de los programas sociales para asegurarse su apoyo político. En otras palabras, un programa restringido a los pobres tiene un efecto redistributivo menor que los sistemas universales. Abordamos esta cuestión mostrando que un programa social se beneficiaría de ser parcialmente bismarckiano, según el viejo dicho: Un programa para los pobres es un programa pobre. Hasta ahora, la atención se ha centrado en la eficacia de los programas de transferencias sociales y en sus costes administrativos. En esta actividad concreta, el índice de rendimiento es unidimensional; por lo tanto, medirlo es bastante fácil. La dificultad surge cuando hay varios tipos de servicios producidos o prestados y de recursos utilizados. A continuación nos ocuparemos de este problema.
Eficiencia productiva
Para un economista, una actividad se denomina productivamente ineficiente si se puede realizar la misma producción de bienes y servicios con menos recursos, o si se puede producir más con los recursos utilizados. La medición de la eficiencia productiva sería un ejercicio bastante sencillo si se conociera la frontera de la eficiencia. Por desgracia, no es así, ya que la verdadera frontera no puede encontrarse en los planos de un ingeniero social. Por tanto, debe inferirse de la realidad, es decir, construirse a partir de una muestra de observaciones posiblemente ineficientes. Tomando el caso de una muestra transversal de servicios postales, la cuestión de la homogeneidad espacial es bastante pertinente. No es imposible que las diferencias geográficas o institucionales contribuyan en gran medida a explicar las variaciones en el rendimiento. Parte del ejercicio de evaluación de la eficacia consiste en tener en cuenta estas diferencias. Se pueden ver enseguida las limitaciones del enfoque de la frontera de la eficiencia para el propósito que nos ocupa. En primer lugar, sólo se aplica a los componentes del Estado del bienestar en los que hay producción de servicios: hospitales, recogida de basuras y escuelas. En segundo lugar, como el método es comparativo, se refiere a actividades con un gran número de unidades productivas comparables. Está claro que la eficacia productiva no debe ser el único objetivo de los responsables de la política social. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro): Hay otros objetivos, sin duda: en primer lugar, lograr cierta redistribución, como hemos visto, pero también fomentar el empleo y el crecimiento sin dejar de ser conscientes de las limitaciones financieras. Algunos de estos objetivos no siempre son compatibles. La eficacia productiva es, en efecto, el único objetivo cuyo logro no impide la consecución de los demás objetivos. Producir muy pocos servicios o emplear demasiados recursos, en comparación con lo que es técnicamente viable, no puede justificarse en términos de ninguno de los otros objetivos tradicionalmente asignados al Estado del bienestar.
Rendimiento
Los gastos públicos en educación y sanidad se consideran medios eficaces de redistribución en los Estados del bienestar actuales. La subsección Previa presentó algunos medios para evaluar su eficacia productiva a nivel de las "empresas". ¿Podemos aplicar la misma metodología para evaluar la eficiencia del sector sanitario o educativo de un país o una región utilizando una estimación aproximada de los resultados como producto y el gasto público como insumo? En realidad no, por varias razones, entre ellas el hecho de que el rendimiento de un sistema sanitario o educativo depende de varios factores que no son fácilmente cuantificables y que la mayoría de las veces no están disponibles: por ejemplo, el clima, la dieta y la estructura familiar. Lo que podemos hacer en esos casos es medir el rendimiento y no la eficacia de los programas centrándonos en una serie de indicadores que corresponden a sus objetivos básicos y sin utilizar ningún resultado. Para ver la diferencia entre el concepto de eficacia y el de rendimiento, podemos utilizar como analogía la diferencia entre clasificar a los alumnos en función de sus resultados (notas) y clasificarlos en función de sus méritos (notas ponderadas por su origen social o su discapacidad). Su rendimiento se mide por sus notas y su eficacia por sus méritos. Para medir el rendimiento del Estado del bienestar, utilizamos cinco indicadores que corresponden a los cinco objetivos más importantes que se supone que persigue: la mitigación de la pobreza, la reducción de las desigualdades, el pleno empleo, la educación y la formación y, por último, la sanidad. La Comisión Europea publica cada año una serie de indicadores sociales que se supone que deben inducir a cada país miembro a mejorar sus resultados allí donde se quede rezagado. Así, hemos seleccionado algunos indicadores parciales. Son los siguientes
POV: tasa de pobreza (60% de la renta media),
INE: ratios interquintiles,
UNE: desempleo de larga duración,
EDU: abandono escolar prematuro,
EXP: esperanza de vida.
Protección social y seguros privados
Esta subsección examina en primer lugar las diferencias y el parecido entre los seguros sociales y los privados. La principal diferencia es la misión redistributiva y la escala de los seguros sociales en comparación con sus homólogos privados. Los seguros privados no tienen fines redistributivos y su escala es relativamente limitada. Ambos tipos de seguros comparten la misma preocupación en cuanto al diseño del contrato de seguro y a cómo hacer frente al riesgo moral y a la selección adversa. Por último, se analizan diferentes cuestiones relativas a las pensiones públicas.
El Estado, el mercado y la familia
A lo largo de los siglos, la protección social ha sido proporcionada en su mayor parte por la familia (extensa). El mercado y luego el Estado aparecieron hace sólo un siglo. La familia sigue siendo muy activa en los ámbitos de los cuidados de larga duración y del cuidado de los niños. Es interesante ver cuál es la implicación relativa de esas tres instituciones en la sanidad, las pensiones y los cuidados de larga duración.
Pensiones y rentas vitalicias
En la mayoría de los países de la OCDE, el grueso de los ingresos por jubilación procede de los regímenes públicos. Las pensiones públicas han estado bajo escrutinio por una serie de razones relacionadas principalmente con su sostenibilidad. En primer lugar, existe la crítica de que los sistemas de pensiones de varios países inducen a la jubilación anticipada, lo que dificulta su financiación. En segundo lugar, está la crítica de que las pensiones públicas que se basan en el principio de prestaciones definidas hacen recaer toda la carga de los choques financieros o demográficos sobre los hombros de la población activa. En tercer lugar, existe la acusación contra los sistemas de reparto de que perjudican la acumulación de capital. Al mismo tiempo, no es fácil volver a una norma de plena capitalización, ya que ello implicaría sacrificar a la generación de transición o emitir una deuda que tendría el mismo efecto que una pensión de reparto. Por último, con el desarrollo de los planes de cotizaciones definidas (a diferencia de un plan de prestaciones definidas (PD), un plan de cotizaciones definidas (CD) no promete una cantidad específica de prestaciones en el momento de la jubilación, sino que establece un porcentaje de cotización que deben pagar los Empleadores o los trabajadores (o ambos)) en las pensiones privadas, pero también públicas, la disponibilidad de rentas vitalicias asequibles adquiere cada vez más relevancia.
El mercado de las rentas vitalicias
Existe un verdadero rompecabezas del mercado de las rentas vitalicias con coste de carga y motivo de legado, que se examina aquí. Las rentas vitalicias se consideran como la "mitad olvidada" de la seguridad de la jubilación que permite planificar cuidadosamente la "fase de pago". Se trata de un área en la que el gobierno lo hace mejor que el mercado. En determinadas condiciones, los particulares deberían convertir el 100% de su patrimonio en rentas vitalicias. Estas condiciones son:
ningún motivo de legado,
anualidades actuarialmente justas,
la utilidad del consumo es separable aditivamente en el tiempo, y
ninguna incertidumbre aparte de la fecha de fallecimiento.
Políticas sociales bajo información asimétrica
Esta quinta sección examina la cuestión de la información asimétrica, que es fundamental en el diseño de los programas sociales. Si el planificador social pudiera observar las características de los individuos y controlar su comportamiento, su tarea sería relativamente fácil y eficiente en el mejor de los casos. En realidad, su información es imperfecta y hay que recurrir a soluciones de segundo mejor, como el workfare o el etiquetado, que de otro modo no serían aceptables.
Redistribución óptima
¿Cuál es la mejor manera de transferir recursos de los que tienen más a los que tienen menos? La primera mejor solución es claramente recurrir a una transferencia a tanto alzado que no interfiera en las elecciones de los agentes (oferta de trabajo, ahorro, educación, salud). Para ello es necesario disponer de información completa sobre las características de los individuos.
Cuando esto no es posible, la segunda mejor solución es recurrir a un impuesto sobre la renta óptimo. Un impuesto de este tipo conlleva distorsiones, pero menos que los impuestos indirectos. De hecho, hace que los impuestos indirectos sean superfluos en determinadas condiciones (separabilidad entre trabajo y consumo y una sola característica no observada).
Cuando estas condiciones no se cumplen, entonces los impuestos indirectos junto con los impuestos sobre la renta resultan deseables. El ejemplo típico son los seguros sociales cuando existen dos características desconocidas: no sólo la productividad laboral sino también la probabilidad de pérdida. Políticas como las transferencias en especie, el etiquetado y el workfare suelen considerarse indeseables e ineficaces. Las transferencias en efectivo predominan sobre las transferencias en especie, ya que permiten a las personas elegir libremente su cesta de consumo. El etiquetado implica tratar de forma diferente a personas idénticas. El workfare implica malgastar recursos. Sin embargo, en casos particulares de información asimétrica, estas tres políticas pueden llegar a ser deseables. Antes de proseguir, conviene hacer algunas observaciones. Al buscar el diseño óptimo de una política pública, los economistas públicos tienden a asignar al planificador social un objetivo utilitarista. En la mayoría de los casos, ésta es una opción bastante buena. Sin embargo, hay casos en los que el utilitarismo es cuestionable. El primer caso es cuando la vida es incierta.
Protección Social y Política
Se considera la protección social como una institución pública destinada a reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos y a proporcionar protección a todos contra los principales riesgos de toda la vida. Sin embargo, el Estado no es la única institución que lo hace. El mercado y la familia también pueden hacerlo, pero con sus propias limitaciones. El mercado no redistribuye y la familia carece de universalidad. La protección social no se limita al gasto; también opera a través de leyes y reglamentos que afectan a las decisiones del mercado y de la familia (salarios mínimos, deberes parentales). Es importante poder evaluar los resultados de la protección social y compararlos entre países y a lo largo del tiempo. Se trata de una tarea difícil pero factible. Una de las grandes preocupaciones de los diseñadores de políticas es la sostenibilidad política de los programas sociales, ya que la falta de apoyo político puede conducir a su lenta erosión. En nuestro entorno democrático, asegurarse de que la mayoría de los ciudadanos se benefician de esos programas es crucial. Uno de los principales obstáculos para llevar a cabo programas sociales es la ventaja informativa que tienen los individuos sobre el Estado o el sector de los seguros. La información asimétrica conduce a menudo a políticas subóptimas. Reducirla, aunque sea parcialmente, sería socialmente deseable. Es muy importante darse cuenta de que el entorno en el que funcionan ahora varios programas de protección social es diferente del que había hace décadas, cuando se iniciaron. Ahora nos enfrentamos a una serie de brechas sociales que nuestra protección social debe abordar urgentemente. Sería deseable poner menos énfasis en la redistribución y más en la movilidad social. Al final de Este artículo, hay que reconocer que varias cuestiones no se han abordado, en parte porque son nuevas o porque aún no existe un consenso sobre cómo tratarlas. Es el caso de la ruptura del ascensor social, que representa un verdadero reto para nuestros Estados del bienestar. También es el caso de las pruebas genéticas que tienen la capacidad de mejorar y alargar la vida humana, pero plantean una serie de cuestiones jurídicas y éticas. Otro tema no tratado, y para el que ahora existen algunos trabajos teóricos, es el de los cuidados de larga duración para las personas mayores en los que intervienen el mercado, el Estado y la familia. Por razones de espacio, también hay un tema que no se trató, a saber, la cuestión del desempleo, en particular cuando afecta a los segmentos más jóvenes y más viejos de la población. Este tema merecería por sí mismo su propio texto. Revisor de hechos: Ruth [sc name="asistencia-social (en esta revista de derecho empresarial, en relación a los consumidores y el derecho de consumo). [/sc] [sc name="administracion-publica (en esta revista de derecho empresarial, en relación a los consumidores y el derecho de consumo). [/sc] [sc name="gestion-publica (en esta revista de derecho empresarial, en relación a los consumidores y el derecho de consumo). [/sc]
Protección Social y Economía
El crecimiento económico constante entre 2002 y 2013 en la mayoría de los países proporcionó un contexto propicio. Esta ola expansiva se tradujo en avances en la inclusión de los foráneos y, en 2017, los programas de transferencias monetarias no contributivas alcanzaron a cerca de una quinta parte de la población de la región. Todo esto demostró ser inmensamente importante cuando la crisis de COVID-19 se apoderó de la población. A pesar de estos avances, en vísperas de la pandemia, el carácter segmentado de los mercados laborales y la desigualdad de los sistemas de protección social no contributiva dejaron a una gran parte de la población de la región extremadamente vulnerable a las repercusiones económicas de las medidas de contención del COVID-19 a escala mundial y nacional. Los gobiernos, por tanto, necesitaban tomar medidas rápidas para ayudar a los trabajadores y a las familias a refugiarse en casa si querían evitar una crisis humanitaria. La investigación sobre los factores determinantes de la expansión de la protección social en América Latina ha crecido significativamente en los últimos años (véase más detalles). Las teorías existentes tienden a centrarse en una de estas cuatro escuelas de pensamiento: la democracia, la distribución ideológica del poder, el diseño político institucional y la fortaleza del Estado, y las condiciones económicas. Respecto al crédito al consumo y protección social (véase más), la mayor parte de la literatura antropológica sobre el crédito al consumo se basa en estudios de campo realizados en las periferias de la economía mundial. Por otro lado, los estudios de campo realizados en las periferias de la economía mundial (o global) han llevado a algunos antropólogos a reconsiderar la relación entre el crédito al consumo y la protección social. No cabe duda de que en los países donde los gobiernos promovieron activamente las políticas de protección social después de la Segunda Guerra Mundial, la deuda de los hogares aumentó, al menos en parte, como consecuencia del debilitamiento de los sistemas de protección social. Sin embargo, hubo excepciones. En Chile, por ejemplo, las deudas de las tarjetas de crédito de la clase trabajadora han aumentado considerablemente desde mediados de la década de 2000 en un entorno de crecimiento económico sostenido. En Sudáfrica, el despliegue de los subsidios sociales impulsó un auge del crédito entre las poblaciones negras, incluso cuando se estaban aplicando políticas económicas neoliberales y las aspiraciones de la clase media negra se disparaban con el fin del régimen del apartheid. Y la India fue otra excepción. Datos verificados por: Mix Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria. Tema:economia-fundamental (en esta revista de derecho empresarial, en relación a los consumidores y el derecho de consumo). Tema:macroeconomia (en esta revista de derecho empresarial, en relación a los consumidores y el derecho de consumo). Tema:microeconomia (en esta revista de derecho empresarial, en relación a los consumidores y el derecho de consumo). Tema:economia-internacional (en esta revista de derecho empresarial, en relación a los consumidores y el derecho de consumo). Tema:finanzas-personales (en esta revista de derecho empresarial, en relación a los consumidores y el derecho de consumo). Tema:ciencia-economica (en esta revista de derecho empresarial, en relación a los consumidores y el derecho de consumo). Tema:pensamiento-economico (en esta revista de derecho empresarial, en relación a los consumidores y el derecho de consumo). Tema:principios-de-economia (en esta revista de derecho empresarial, en relación a los consumidores y el derecho de consumo). Tema:mercados-financieros (en esta revista de derecho empresarial, en relación a los consumidores y el derecho de consumo). Tema:historia-economica (en esta revista de derecho empresarial, en relación a los consumidores y el derecho de consumo). Tema:sistemas-economicos (en esta revista de derecho empresarial, en relación a los consumidores y el derecho de consumo). Tema:politicas-economicas (en esta revista de derecho empresarial, en relación a los consumidores y el derecho de consumo).
Recursos
A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de los consumidores y derecho de consumo, sobre el tema de este artículo.
Notas y Referencias
Traducción de Protección Social
Inglés: Social protection Francés: Protection sociale Alemán: Sozialer Schutz Italiano: Protezione sociale Portugués: Proteção social Polaco: Ochrona społeczna
Tesauro de Protección Social
Asuntos Sociales > Protección social
Véase También
Acto de comercio, Asuntos Financieros, Comercialización, Consumo, Crédito, Derecho de Consumo, Instituciones financieras y de crédito, Intercambios Económicos y Comerciales, Protección de los Consumidores, Protección Social,