El Estado Social
Este artículo es un complemento de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre el Estado social.
Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.
El Estado social
Estado social, término que designa el conjunto de instituciones y estructuras del Estado comprometido con la igualdad y la seguridad social.
Casi todos los países del entorno europeo son Estados sociales de derecho y, por tanto, comprometidos con los objetivos del Estado social.
El Estado social se ocupa de proteger a los individuos ante las consecuencias sociales del desempleo y de la incapacidad laboral, la jubilación y la enfermedad, todo ello en la medida en que lo estime posible y oportuno. Del principio de Estado social emanan las obligaciones no solo del Estado frente a los individuos, sino también del individuo con la sociedad representada por el Estado. Esto supone para el Estado obligaciones como las de ayuda y protección social, y para el individuo, el comportamiento social y el pago de las cuotas sociales (véase Seguridad Social).
Estado Social en Europa
El término Estado social compite con el término internacional más común de Estado de bienestar para designar un concepto de Estado que se extendió por todo el mundo a partir de los años 40, empezando por Gran Bretaña, donde inicialmente recibió otros nombres, como el de Estado de servicio social propuesto por el político William Beveridge (1879-1963). El Plan Beveridge, publicado en 1942 a petición del gobierno británico, se considera el texto fundador. En la primavera y el verano de 1943 despertó un gran interés en Suiza. En alemán, el término Sozialstaat, que se remonta a Lorenz von Stein (1815-1890), empezó a utilizarse después de la Segunda Guerra Mundial, ya que el equivalente de Estado del bienestar (Wohlfahrtsstaat) se utilizaba a menudo con una connotación peyorativa. No existe una definición universalmente aceptada del Estado social.
Por lo general, se basa en el Estado de Derecho, la economía de mercado y la propiedad privada de los medios de producción, pero complementa las libertades fundamentales (derechos humanos) con derechos sociales u objetivos sociales constitucionalmente menos estrictos; interviene en el juego de las fuerzas del mercado y limita la libre disposición de la propiedad por parte de los propietarios. Al proporcionar recursos financieros y prestaciones y desarrollar el derecho social, garantiza un nivel de vida mínimo para todos, independientemente de su posición en el mercado (política social). Además, amortigua los riesgos materiales en caso de accidente, enfermedad, vejez o desempleo, compensando así los riesgos de la vida (Seguridad Social). En segundo lugar, mediante una fiscalidad progresiva y la financiación de las prestaciones sociales, redistribuye la renta primaria. Por último, proporciona un cierto grado de acceso a los servicios sociales y culturales, independientemente de las diferencias de estatus o clase. Estas tareas están en constante competencia con otras (como la política de transportes, la política de seguridad, etc.). Garantizar un nivel de vida mínimo y una igualdad de oportunidades lo más amplia posible se consideran objetivos incuestionables. Por otra parte, todavía se discute si elementos como el pleno empleo, el derecho a la huelga y a formar coaliciones, la protección del medio ambiente, el apoyo a la agricultura, el fomento de la construcción de viviendas sociales o la oferta de escuelas y universidades públicas forman parte necesariamente del Estado social.
El Estado social puede entenderse como la expresión institucional del hecho de que la sociedad asume explícitamente la responsabilidad del bienestar de sus miembros. El Estado social opera en los niveles más diversos. En el plano jurídico, refuerza la posición de los individuos, por ejemplo mediante el derecho laboral o el derecho de arrendamiento. En el ámbito social, influye en la distribución de la renta, por ejemplo a través de la fiscalidad, los seguros sociales (véase más abajo), las ayudas familiares y la política agrícola. En los ámbitos económico y cultural, se esfuerza por desarrollar el potencial humano, en particular mediante la educación pública y la política cultural. No es infrecuente que aspire a una mejora general de las condiciones de vida, por ejemplo regulando la sanidad pública, actuando para proteger el medio ambiente o promoviendo el transporte público.
Sus intervenciones afectan a todos los ciudadanos (educación, sanidad pública) o a determinadas categorías (la población activa en el caso del seguro de desempleo y el derecho laboral).
Según el ámbito, su acción puede ser general, como en el seguro de vejez y supervivencia (AVS), o selectiva, como en la asistencia, que sólo se concede a quienes realmente la necesitan. Puede ser voluntaria (seguro de enfermedad hasta 1995) u obligatoria (AVS). Al privilegiar el trabajo remunerado sobre el doméstico en las leyes y reglamentos, se ha creado una discriminación de género, a menudo implícita. Desde los años 80, las reformas han intentado paliar estas injusticias: desdoblamiento en la 10ª revisión del AVS, ajuste de la edad de jubilación.
▷ Seguros Sociales" box_color="#242256. Los seguros sociales cubren la pérdida de ingresos y parte de los gastos médicos en caso de accidente, enfermedad, vejez o desempleo. En caso de fallecimiento, pueden hacerse cargo de viudas y huérfanos. En el pasado, los seguros se denominaban seguros de los trabajadores, lo que indica que tardaron algún tiempo en extenderse a toda la población. La mayoría de los sistemas de seguros se diseñaron sobre la base de un trabajo remunerado ininterrumpido, y algunos siguen haciéndolo hoy en día. Por lo tanto, perjudican a las personas con interrupciones temporales o estacionales en su vida laboral, sobre todo a las mujeres. Los regímenes de seguros sociales (véase más detalles) se basan en el ahorro forzoso: recaudan las primas pagadas por los trabajadores - y a veces por los empresarios - y conceden prestaciones cuando se materializa uno de los riesgos cubiertos. A diferencia de los regímenes de asistencia, sólo dependen en muy escasa medida de la necesidad, y el derecho al seguro está vinculado al pago de cotizaciones. El colapso de la ayuda mutua tradicional (familia y vecinos), la caridad tradicional y el liberalismo del laissez-faire condujeron a una concepción más matizada de la pobreza en el último cuarto del siglo XIX. Los accidentes, la enfermedad, la vejez y el desempleo se consideran cada vez más como fenómenos sociales.
Las medidas del Estado se hacen tanto más urgentes cuanto que la precariedad de las condiciones de trabajo alimenta la propaganda socialista y amenaza la paz social.
Las instituciones del Estado social comprenden esencialmente la protección de los trabajadores, los seguros sociales, la educación pública, la sanidad pública y la regulación del mercado laboral.
Se financian mediante cotizaciones, independientes (seguro de enfermedad) o dependientes (AVS, fondos de pensiones) de los ingresos, y mediante impuestos indirectos (impuesto sobre el volumen de negocios, impuesto sobre el valor añadido) o directos y progresivos (impuesto federal directo). El sector no es en absoluto un sistema cerrado, sino una acumulación más o menos fragmentada de dispositivos específicos. En Suiza, en particular, los servicios sociales distan mucho de pertenecer todos al aparato central del Estado; pueden ser organismos privados y cooperativos (cajas de pensiones, cajas del seguro de enfermedad) u organismos locales y regionales (escuelas, hospitales). La responsabilidad del Estado social es proporcionar, financiar y supervisar los servicios, o al menos ofrecer el apoyo financiero y organizativo necesario en forma de subvenciones y un marco jurídico. El Estado social se esfuerza por garantizar un orden social que sea considerado justo por los sectores más amplios posibles de la población. Al atenuar las diferencias políticas y económicas, actúa como integrador; además, también estabiliza la vida privada en muchos aspectos (riesgos financieros, salud pública, igualdad de oportunidades).
Su presencia contribuyó a dar un curso mucho más tranquilo a la historia política y social de Suiza en la segunda mitad del siglo XX que en la primera. La modernización, por una parte, con sus profundas consecuencias sociales (disminución del papel de la familia), y la lucha política y social, por otra (huelgas, iniciativas populares, campañas electorales, etc.) contribuyeron a la aparición del Estado social.
Suiza no ha estado a la vanguardia en este ámbito. Es cierto que algunas medidas se remontan al último tercio del siglo XIX, como la protección de los trabajadores en la ley de fábricas de 1877 o el artículo constitucional y el primer proyecto de ley sobre el seguro de enfermedad y accidentes. Pero elementos esenciales como el AVS, piedra angular de los seguros sociales, y el seguro de desempleo generalizado esperaron mucho tiempo para ver la luz. No fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando Suiza se convirtió en un Estado social.
La mayoría de los movimientos políticos, aunque con objetivos diferentes, apoyaron su organización y desarrollo en la economía de posguerra. Debido a su larguísima fase de desarrollo, éste distó mucho de ser homogéneo; mezcló las ideas de conservadores, radicales y socialistas de cien maneras diferentes. Duró más que en otros países europeos, donde la crisis de los años setenta constituyó a menudo una ruptura.
Sólo al final de esos años, o incluso más tarde, se tomó la decisión de hacer obligatorios los seguros de desempleo y de enfermedad y de generalizar los fondos de pensiones. Es cierto que al mismo tiempo ganaban terreno en Suiza los críticos del Estado social, que hablaban de "crisis" en este ámbito y esgrimían argumentos como la fatiga fiscal, los déficits presupuestarios, la disminución del crecimiento económico, la competencia internacional, la desregulación y la globalización (neoliberalismo). Hasta ahora, sin embargo, los obstáculos han sido más fácticos (por ejemplo, se duda poco en despedir a gente o en negarse a compensar la inflación) que institucionales. A pesar de todos los ataques, la proporción de la renta nacional dedicada a áreas esenciales del Estado social, como la seguridad social, la sanidad pública y la educación, siguió creciendo hasta el año 2000. Revisor de hechos: Helve Asunto: derecho-constitucional. Asunto: principios-generales-constitucionales.
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Recursos
A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de las relaciones laborales o de trabajo y del derecho social, sobre el tema de este artículo.
Notas y Referencias
Información sobre Estado social en la Enciclopedia Online Encarta
Véase También
Estado del bienestar
Traducción de Estado Social en Inglés
Estado Social, en inglés, se traduce como: Social State.