Fiscalización de Drogas
La base de la fiscalización internacional de drogas reside en los tres tratados de fiscalización internacional de drogas y su aplicación por el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas. El entorno en el que opera e
Control o Fiscalización de Drogas
Ese artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre fiscalización de drogas. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.
Control o Fiscalización de Drogas
La acción mundial contra el consumo de drogas ilegales
La base de la fiscalización internacional de drogas reside en los tres tratados de fiscalización internacional de drogas y su aplicación por el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas. El entorno en el que opera este sistema de control cambia rápidamente, por lo que se necesita información actualizada para responder con rapidez y eficacia a todos los aspectos del problema: la fabricación, el tráfico y el uso indebido de drogas ilícitas. Las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de tomar la iniciativa de sensibilizar a la opinión pública sobre los aspectos del problema de las drogas que afectan actualmente a todas las comunidades de todas las naciones. Es necesario hacer mucho más para identificar, comprender y contener las fuerzas que llevan a los individuos a recurrir a las drogas. Es el objetivo de llegar a la gente de esta manera lo que debería servir de principio rector para todas las actividades de control de drogas, ya sean de ámbito nacional, regional o internacional. Actuaciones útiles son las siguientes:
Promover el control de drogas.
Control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Prevención de la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Obligaciones internacionales de instrumentos internacionales en materia de Fiscalización de Drogas
Respecto a las obligaciones internacionales de instrumentos internacionales en materia de fiscalización de drogas, los principales tratados son los siguientes:
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.
La Guerra Internacional contra las Drogas
GUERRAS CONVERGENTES Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el enfoque del gobierno federal para combatir la producción y el comercio de drogas más allá de nuestras fronteras -el tema de este capítulo- ha llegado a fusionarse con la guerra contra el terrorismo. La principal agencia encargada de este esfuerzo es la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Estupefacientes y Aplicación de la Ley (cuya denominación abreviada es INL). La INL forma parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Los argumentos a favor de la convergencia entre la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo se exponen en la Justificación Presupuestaria de la Oficina para el año fiscal 2004 (www.state.gov/documents/organization/22061.pdf) de la siguiente manera: Los atentados del 11 de septiembre y sus consecuencias ponen de relieve las estrechas conexiones y el solapamiento entre terroristas, narcotraficantes y grupos de delincuencia organizada. El nexo es de gran alcance. En muchos casos, como en Colombia, los grupos son los mismos. Los narcotraficantes se benefician de los conocimientos militares, el suministro de armas y el acceso a organizaciones clandestinas de los terroristas. Los terroristas obtienen una fuente de ingresos y experiencia en la transferencia ilícita y el blanqueo de dinero para sus operaciones. Los tres grupos buscan Estados débiles con sectores judiciales y reguladores débiles donde puedan corromper e incluso dominar al gobierno. El 11 de septiembre demostró gráficamente la amenaza directa que supone para Estados Unidos un Estado narcoterrorista como Afganistán, donde estos grupos operaban antes con impunidad. Aunque la situación política y de seguridad en Colombia es diferente a la del periodo talibán en Afganistán -el gobierno central no está aliado con dichos grupos, sino que está comprometido en un gran esfuerzo para destruirlos-, la vinculación narcoterrorista allí representa quizás la mayor amenaza para la estabilidad de América Latina y del hemisferio occidental y amenaza potencialmente la seguridad de Estados Unidos en caso de victoria de los grupos insurgentes. La conclusión es que esos grupos ponen invariablemente en peligro la paz y la libertad internacionales, socavan el Estado de Derecho, amenazan la estabilidad local y regional y suponen una amenaza tanto para Estados Unidos como para nuestros amigos y aliados. El mismo tema suena también en el Informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de Estupefacientes 2003 de la INL (Washington, DC: Oficina de Asuntos Internacionales sobre Estupefacientes y Aplicación de la Ley, marzo de 2004, http://www.state.gov/g/inl/rls/nrcrpt/2003/): La campaña estadounidense contra el terrorismo global desde septiembre de 2001 ha puesto de relieve la importancia de nuestros programas internacionales de control de drogas. El tráfico de drogas, la mayor fuente de ingresos ilegales, ha sido durante mucho tiempo el pilar de insurgencias políticas violentas, regímenes deshonestos, organizaciones criminales internacionales y terroristas de todo tipo. Ya sea a través de la heroína que financió el antiguo régimen talibán de Afganistán o de la cocaína que sostiene a la insurgencia colombiana desde hace décadas, el narcotráfico genera el dinero que es la savia de la violencia que amenaza cada vez más la paz y la estabilidad mundiales. La Estrategia Nacional de Control de Drogas del Presidente (National Drug Control Strategy, Washington, DC: The White House, marzo de 2004, http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/policy/ndcs04/) establece tres prioridades nacionales: 1) detener el consumo de drogas antes de que se inicie; 2) curar a los consumidores de drogas de Estados Unidos; y 3) desarticular el mercado. Las dos primeras prioridades apuntan claramente a un objetivo que a veces se denomina "reducción de la demanda". El INL es responsable de los aspectos internacionales de la tercera prioridad, a menudo denominada "interdicción", función que comparte con la Drug Enforcement Administration, responsable de la desarticulación del mercado en el ámbito nacional. Hay otros organismos implicados en el esfuerzo internacional, como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una entidad gubernamental independiente que promueve la plantación de cultivos legales para sustituir a los cultivos de drogas. Asimismo, el nuevo Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se encarga de la seguridad fronteriza y la Guardia Costera estadounidense opera bajo su jurisdicción. Por último, el Departamento de Defensa de Estados Unidos desempeña diversas funciones en Afganistán, por ejemplo, y en otros lugares proporcionando asesores y formadores en materia de contrainsurgencia. La relación entre el crimen organizado, la insurgencia en ultramar y las drogas siempre ha sido bien conocida. El vínculo con el terrorismo es un énfasis contemporáneo. En la conceptualización más antigua, la "receta" del fenómeno de las drogas ha incluido como ingredientes principales la demanda de drogas, que actúa como motivo principal, y la pobreza en las zonas subdesarrolladas del mundo en las que la debilidad de los gobiernos centrales y/o las fuertes lealtades tribales dan lugar a una corrupción fomentada por organizaciones delictivas que se enriquecen con los pingües beneficios del tráfico de drogas. ECONOMÍA DE LA DROGA Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas, sólo una parte muy pequeña de la riqueza procedente de la droga acaba realmente en los países subdesarrollados (Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2004, http://www.incb.org/incb/en/annual_report_2004.html). Sólo un céntimo de cada dólar gastado en drogas en la calle por un consumidor acaba en manos de un agricultor que cultiva plantas ilícitas; 99 céntimos van a parar a los traficantes y a quienes les prestan servicios o compran productos químicos intermedios. El informe de la JIFE señala que los ingresos de los agricultores procedentes de la producción de coca y opio (aproximadamente 1.100 millones de dólares en 2001) equivalían al 2% de los gastos mundiales en ayuda al desarrollo, que ascendieron a 53.700 millones de dólares en 2000. Esto podría sugerir que un aumento del 2% en los fondos para el desarrollo, canalizado hacia los agricultores que ahora cultivan adormidera y coca, podría eliminar la producción de opio y cocaína. A modo de comparación, según la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), los costes en Estados Unidos relacionados con las drogas se estimaron en unos 181.000 millones de dólares en 2002, incluidos 129.000 millones en pérdida de productividad y 16.000 millones en gastos sanitarios relacionados con el consumo de drogas (The Economic Costs of Drug Abuse in the United States, 1992-2002, Washington, DC: Oficina Ejecutiva del Presidente, diciembre de 2004). La JIFE informa de que el cultivo de plantas narcógenas y la distribución local de drogas en los países productores supusieron una media inferior al 1% del Producto Interior Bruto (PIB) en la mayoría de los países en 2000, e incluso en los países en los que la proporción fue elevada, es inferior al 20%. Se calcula que en Afganistán y Myanmar el comercio de opio representó entre el 10% y el 15% del PIB, en Colombia (coca) y la República Popular Lao (opio) entre el 2% y el 3%, y en Bolivia (coca) algo más del 1%. La conclusión de la JIFE es que, medido en flujos de dinero, el grueso del tráfico de drogas es de carácter internacional y la mayor parte del beneficio se obtiene en los países desarrollados donde se venden las drogas y no en los países subdesarrollados o en desarrollo donde se producen inicialmente. ESTRATEGIA DE INTERDICCIÓN El esfuerzo federal a escala internacional se concentra en lo que el INL denomina la Cordillera Andina, la parte noroccidental de Sudamérica donde Colombia, Ecuador y Perú, de norte a sur, tocan el Pacífico y donde Bolivia, país sin salida al mar, se encuentra al este de Perú. Según el INL, se calcula que el 90% de la cocaína y el 40% de la heroína que entran en Estados Unidos proceden de Colombia. El resto de la cocaína procede de Bolivia y Perú. El INL también se concentra en México, no sólo porque el país es una importante ruta de transmisión de drogas a Estados Unidos, sino porque México es una fuente significativa de heroína, marihuana y metanfetamina. El eje central del esfuerzo es la erradicación de la coca y la adormidera mediante el suministro de aviones y fondos para fumigar herbicidas que maten las plantas. Los esfuerzos también incluyen la asistencia a las fuerzas del orden y, suministrada por USAID, ayuda financiera para plantar cultivos lícitos y mejorar las infraestructuras para llevar los productos agrícolas al mercado (carreteras y puentes). En otros lugares, el INL se concentra en el sur de Asia (Afganistán y Pakistán). Sin embargo, los programas de la INL se extienden a unos 150 países de todo el mundo e implican ayuda en la aplicación de la ley y en la lucha contra el blanqueo de dinero. A continuación se expone brevemente la estrategia de la INL en determinadas zonas de especial atención. Colombia Según el INL, el programa de erradicación aérea asistido por Estados Unidos destruyó 122.000 hectáreas de coca en Colombia en 2002, un 45% más que en 2001, que también fue un año récord. También se destruyeron unas tres mil hectáreas de adormidera. Las fuerzas militares colombianas capturaron 129 laboratorios de procesamiento de cocaína y 1.247 laboratorios de cocaína base (donde se fabrican los precursores). Sin embargo, el INL no publicó datos sobre cómo afectaron estos movimientos a la producción de hoja de coca porque, a partir de 2001, las mediciones de la producción de hoja en Colombia no eran compatibles con los informes de otros países; en Colombia el peso de la hoja se calculaba como peso fresco y en otros lugares como peso seco. Junto con la erradicación, USAID también ha estado activa en Colombia. Esta agencia lleva a cabo lo que se conoce como programa de "desarrollo alternativo", destinado a proporcionar a los cultivadores de droga cultivos alternativos. USAID inició sus operaciones en el país a finales de 2000. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro):
Desde entonces, la agencia ha ayudado a veinte mil familias, ha apoyado la siembra de quince mil hectáreas de cultivos legales y ha financiado doscientos proyectos de infraestructuras, como carreteras, puentes, instalaciones de alcantarillado y rehabilitación de escuelas. Colombia, sin embargo, ilustra algunos de los dilemas fundamentales de la interdicción. El tráfico de drogas es, en parte, un síntoma de una guerra civil enconada. El The World Factbook 2005 de la CIA (http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/co.html) ofrece este resumen: En la década de 1990 se intensificó una campaña insurgente de 40 años para derrocar al Gobierno colombiano, apoyada en parte por fondos procedentes del tráfico de drogas. Aunque la violencia es mortífera y amplias zonas rurales están bajo la influencia de la guerrilla, el movimiento carece de la fuerza militar o el apoyo popular necesarios para derrocar al gobierno. En los últimos años, un ejército paramilitar antiinsurgente ha crecido hasta alcanzar varios miles de efectivos, disputando a los insurgentes el control del territorio y del tráfico de drogas, así como la capacidad del gobierno para ejercer su dominio sobre las zonas rurales. Con un conflicto interno que ha conseguido durar más de cuarenta años, es posible que pase bastante tiempo antes de que se restablezca el orden civil en Colombia y el desarrollo económico haya avanzado lo suficiente como para que el cultivo de plantas narcógenas deje de ser atractivo. Bolivia y Perú Problemas similares, cuando no una insurrección abierta, han obstaculizado los esfuerzos por controlar la producción de coca en Bolivia. El país es muy pobre y ha tenido una historia turbulenta (casi doscientos golpes de Estado desde su independencia en 1825). El país está bajo un régimen democrático desde la década de 1980, pero los sucesivos gobiernos se han mostrado reacios a apoyar enérgicamente los programas de erradicación. El cultivo de coca es tradicional y los habitantes mastican la hoja de coca; la erradicación ha dado lugar a un movimiento popular antisistema. A pesar de los esfuerzos de erradicación en curso, en 2002 el cultivo de coca aumentó ese año un 23%, según el INL. Los esfuerzos de erradicación son paralelos a la replantación, y en ocasiones la población se opone violentamente a la erradicación. Perú también cuenta con cuerpos organizados de cocaleros que gozan de suficiente apoyo popular para obstaculizar la acción gubernamental. En 2002, por ejemplo, los cocaleros consiguieron, durante un tiempo, detener los esfuerzos de erradicación en algunos lugares, aunque a finales de año se habían puesto fuera de servicio unas siete mil hectáreas. En Perú, como en Bolivia, la replantación suele seguir a los esfuerzos de erradicación. Tanto en Bolivia como en Perú, USAID cuenta con programas activos de desarrollo alternativo. México El INL estima que en 2002 había en México 2700 hectáreas dedicadas al cultivo de adormidera. El clima y el terreno son tales que son posibles hasta tres temporadas de cultivo y capaces de producir -a pesar de los activos programas de erradicación- once toneladas de heroína de alquitrán negro. El gobierno mexicano, presidido por Vicente Fox, se ha mostrado enérgico tanto en la erradicación del cultivo de adormidera como en la detención y persecución de los miembros de los cárteles de la droga, aunque los esfuerzos se han visto obstaculizados por la dispersión y el pequeño tamaño de la mayoría de los campos de adormidera, que requieren una erradicación manual. Afganistán Bajo el régimen talibán, la superficie cultivada de adormidera descendió precipitadamente de 64.510 hectáreas en 2000 a 1.685 hectáreas en 2001, y la producción estimada de látex de opio (la sustancia lechosa blanca de la adormidera con la que se fabrica el opio) se redujo de 3.656 toneladas métricas a setenta y cuatro toneladas métricas en los mismos dos años (explicación). Con la caída de los talibanes, el control sobre las regiones periféricas del país se escapó de las manos del relativamente débil gobierno respaldado por Estados Unidos. El cultivo de adormidera se reanudó, aumentando a 30.750 hectáreas en 2002 y la producción a 1.278 toneladas métricas, la más alta del mundo. Según el INL, estas cifras aumentaron aún más en 2003: 61.000 hectáreas y 2.685 toneladas métricas. El recultivo de la adormidera fue en parte una respuesta a la continua sequía en la región: la adormidera es resistente y puede crecer en condiciones adversas. El nuevo gobierno de Afganistán prohibió oficialmente el cultivo de adormidera y ha presionado a sus gobernadores regionales para que repriman el tráfico de drogas. USAID ha trabajado activamente en el país, organizando programas de desarrollo alternativo. El Reino Unido ha realizado algunos esfuerzos de erradicación. Alemania ha proporcionado formación y equipamiento para crear una fuerza de seguridad afgana; Italia ha participado en el fortalecimiento del sistema judicial del país; y el Reino Unido también ha participado activamente en la creación de una fuerza móvil antidroga. A pesar de estos esfuerzos, la situación en Afganistán era, en la era inmediatamente posterior a los talibanes, similar a la de Colombia, con un gobierno central débil incapaz de imponerse en zonas donde los señores de la guerra autónomos ostentan el poder de facto. Sólo durante un breve periodo, los talibanes, con métodos draconianos, casi acabaron con el cultivo de adormidera. ACUERDOS SOBRE ZONAS DE TRÁNSITO Otros países suelen mostrarse reacios a cooperar con Estados Unidos para detener a los narcotraficantes. En la cuenca del Caribe, aunque la mayoría de las islas tienen acuerdos bilaterales con Estados Unidos, éstos se limitan a cuestiones marítimas que permiten a los barcos estadounidenses apresar a los traficantes en las aguas territoriales de determinadas islas caribeñas (todo ello también lo hemos consultado con otros expertos). Otros problemas giran en torno a la zona de tránsito, el área entre el continente sudamericano y la zona contigua de doce millas frente a la costa de Estados Unidos dentro de la cual pueden operar las fuerzas de interdicción estadounidenses. Muy pocos países de la zona de tránsito permiten que los aviones estadounidenses vuelen en su espacio aéreo para obligar a aterrizar a los presuntos traficantes. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro):
Doce países de la zona de tránsito no tienen acuerdos marítimos con Estados Unidos, entre ellos Ecuador y México. Los acuerdos bilaterales no son iguales en todos los países, y algunos otorgan derechos muy limitados a las autoridades estadounidenses encargadas de hacer cumplir la ley. Por ejemplo, un acuerdo entre Estados Unidos y Belice permite a los guardacostas estadounidenses abordar buques beliceños sospechosos en alta mar sin notificación previa. El acuerdo con Panamá exige que los buques de la Guardia Costera de EE.UU. en aguas panameñas sean escoltados por un buque del gobierno panameño. PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DROGAS Para promover la cooperación internacional en el control de la producción y el tráfico de drogas, Estados Unidos utiliza el proceso de certificación de drogas, que implica la amenaza o la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento. Las sanciones van desde la suspensión de la ayuda exterior estadounidense y los beneficios comerciales preferenciales hasta la restricción del transporte aéreo (todo ello también lo hemos consultado con otros expertos). Otra sanción importante es la crítica pública por incumplir la norma. Las secciones 489 y 490 de la Ley de Ayuda Exterior (FAA) de 1961 (PL 87-195), en su versión modificada, establecieron el proceso de certificación de medicamentos. El proceso se modificó recientemente como resultado de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, 2002-2003, promulgada el 30 de septiembre de 2002. El presidente debe presentar al Congreso una lista anual de los principales países productores y de tránsito de drogas, y también certificar a los países que han cooperado plenamente con los objetivos de reducción de estupefacientes de Estados Unidos o de las Naciones Unidas (y que, por lo tanto, cumplen todos los requisitos para recibir ayuda exterior estadounidense). El Congreso tiene la opción de desaprobar la certificación del presidente en un plazo de treinta días. Si lo hace, el Congreso puede suspender la ayuda financiera permitida en virtud de la certificación del presidente. En 2003, el presidente George W (hemos hablado sobre su concepto jurídico en esta revista). Bush determinó que veintitrés países eran grandes productores o traficantes de drogas: Afganistán, Bahamas, Bolivia, Brasil, Birmania, China, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, India, Jamaica, Laos, México, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Tailandia, Venezuela y Vietnam. En 2001 Camboya había estado en la lista. El Presidente Bush también determinó que todos estos países, excepto tres, cumplían plenamente las metas y objetivos de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 (hemos hablado sobre su concepto jurídico en esta revista). Birmania, Guatemala y Haití fueron designados por no cumplir de forma demostrable "sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra los estupefacientes y adoptar las medidas establecidas en la sección 489(a)(1) de la FAA" (Determinación Presidencial nº 2003-14, La Casa Blanca, 31 de enero de 2003, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/01/20030131-7.html). El presidente determinó además que la ayuda a Guatemala y Haití era de interés vital para Estados Unidos, por lo que sólo denegó la ayuda a Birmania. Dos años antes, en los primeros meses de 2001, tanto a Afganistán como a Birmania se les denegó la ayuda mediante el proceso de certificación. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro):
Desde entonces, los talibanes que gobernaban Afganistán fueron apartados del poder y se eligió un gobierno que cooperaba con los objetivos estadounidenses e internacionales mediante un proceso tribal bajo la supervisión de la ONU. La nueva administración, dirigida por Hamid Karzai en Kabul, la capital, no había podido detener el comercio de opio hasta 2005. Sin embargo, el proceso de certificación parece recompensar o castigar a otros países no por sus resultados reales, sino por sus intentos (hemos hablado sobre su concepto jurídico en esta revista). Bajo el régimen talibán, hostil a Estados Unidos, el cultivo de adormidera prácticamente se había eliminado, mientras que bajo el régimen de Karzai alcanzó nuevos máximos. Al mismo tiempo, la mayor parte de la cocaína y heroína que llega a Estados Unidos procede ahora de Colombia y México, pero estos dos países han participado activamente con Estados Unidos en programas de erradicación y desarrollo alternativo, que requieren ayuda estadounidense. ¿HAN AYUDADO LA INTERDICCIÓN Y LA ¿HAN AYUDADO LA INTERDICCIÓN Y LA ERRADICACIÓN? Perspectiva presupuestaria El presupuesto federal solicitado al Congreso para todas las actividades de control de drogas para el año fiscal 2005 fue de 12.600 millones de dólares. (Véase el Cuadro 7.1.) Los dos componentes más importantes del programa global solicitado fueron el tratamiento, incluida la investigación (3.700 millones de dólares, el 29,4%) y la aplicación de la ley en el ámbito nacional (3.200 millones de dólares, el 25,3%). Una vez más, y sin perder de vista el panorama general, la mayor parte de los fondos federales se dedican a detener la oferta (casi 7.000 millones de dólares, el 55%) más que a frenar la demanda de drogas (5.700 millones de dólares, el 45%). La solicitud de presupuesto para 2005 distribuye los fondos entre los departamentos federales de la siguiente manera: 3.700 millones de dólares para el Departamento de Salud y Servicios Humanos; 2.700 millones de dólares para el Departamento de Justicia; y 2.500 millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional. Los Departamentos de Estado, Defensa, Educación y Asuntos de los Veteranos también reciben una financiación significativa. (Véase el cuadro 7.2.) Del total del presupuesto federal solicitado para todas las actividades de control de drogas para el año fiscal 2005, 1.150 millones de dólares (9,1%) se solicitaron para operaciones internacionales, y de esa cantidad, según la ONDCP, 731 millones de dólares se destinaron a la Iniciativa Andina Antidroga (ACI). La ACI incluye la mayor parte de los programas internacionales de erradicación e interdicción del gobierno; el gobierno solicitó 54,3 millones de dólares para todos los programas regionales para Asia, África y Oriente Medio para el año fiscal 2005. Así pues, la erradicación y la interdicción están envueltas en bolsas de financiación que constituyen una parte muy pequeña del total del programa federal de control de drogas. El presupuesto federal global para el control de drogas se ha duplicado aproximadamente desde 1996 (véase el cuadro 7.3). (Véase el cuadro 7.3.) El mayor crecimiento en términos de porcentaje del presupuesto federal se ha producido en las operaciones internacionales, que representaban el 3,9% del presupuesto en 1996 y el 9,1% en la solicitud de 2005. La reducción de la demanda, la aplicación de la ley a nivel nacional y la interdicción, como porcentajes del presupuesto global para el control de drogas, se han mantenido bastante estables (explicación). Cabe preguntarse si esta mayor atención a las operaciones internacionales se debe a la preocupación del gobierno por el terrorismo o si es un signo de que los programas de erradicación/interdicción en el extranjero están funcionando. Los antecedentes muestran malos resultados Según un documento publicado en 1998 (Phillip Coffin, "Foreign Policy in Focus: Coca Eradication", Foreign Policy in Focus, octubre de 1998), las propuestas de erradicación de cultivos de drogas en Estados Unidos se remontan a 1925 y se han utilizado en los Andes desde los años setenta. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro):
Desde entonces, la producción de cocaína ha aumentado enormemente en Sudamérica y se ha introducido el cultivo de la adormidera para la heroína. La producción de hoja de coca parece aumentar, no disminuir, a pesar de los enérgicos esfuerzos de erradicación. La producción de goma de opio descendió brevemente entre 2000 y 2001. Esto se debió a las despiadadas acciones de los gobernantes talibanes de Afganistán, el único caso registrado de un breve pero exitoso esfuerzo de erradicación. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro):
Desde la marcha de los talibanes, las cosas en Afganistán han "vuelto a la normalidad". El ascenso de Colombia como gran productor de drogas ha atraído la atención del Congreso hacia ese país. El Congreso ha pedido a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO) que realice una serie de estudios sobre la evolución de la situación en ese país. Un informe, publicado en 1999, sugería que los programas de erradicación e interdicción no han tenido mucho éxito (Drug Control: Narcotics Threat from Colombia Continues to Grow, Washington, DC: GAO, 22 de junio de 1999) (todo ello también lo hemos consultado con otros expertos). Otra, publicada en 2004, sugería que se estaban logrando algunos avances en Colombia, pero que el programa adolecía de problemas de gestión y supervisión presupuestaria y ponía en duda su sostenibilidad. ("U.S. Nonmilitary Assistance to Colombia Is Beginning to Show Intended Results but Programs Are Not Readily Sustainable", GAO, agosto de 2004, http://www.gao.gov/new.items/d04726.pdf). El informe de la GAO de 2004 concluía que la estrategia estadounidense, basada en una combinación de interdicción, erradicación aérea y desarrollo alternativo, había "dado como resultado una reducción del 33% en la cantidad de coca cultivada en Colombia en los últimos dos años -de 169.800 hectáreas en 2001 a 113.850 hectáreas en 2003- y una reducción del 10% en la cantidad de adormidera cultivada en el último año". Sin embargo, según funcionarios y documentos de la Administración para el Control de Drogas, los precios de la cocaína en todo el país se han mantenido relativamente estables -lo que indica que la cocaína sigue estando fácilmente disponible- y Colombia domina el mercado de la heroína en el noreste de Estados Unidos". Algunos de los problemas señalados por la GAO permiten hacerse una idea de las dificultades a las que se enfrenta un país que intenta imponer su voluntad en otro país lejano, envuelto a su vez en una insurgencia. Entre los citados por la GAO se encuentran 1) la corrupción generalizada, por ejemplo, la incautación de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana en Florida que transportaba cocaína y heroína transportada por oficiales y alistados de la Fuerza Aérea Colombiana; 2) las violaciones de los derechos humanos por parte de los militares colombianos, que han dificultado el apoyo a los esfuerzos militares colombianos; y 3) el control por parte de los insurgentes (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército de Liberación Nacional) de las zonas de cultivo de coca y adormidera. La medición es difícil Un informe de la ONU (Tendencias Mundiales de las Drogas Ilícitas 2003, Nueva York, NY: Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito, 2003) señala un problema relacionado con la precisión de los informes, a saber, que la producción total puede ser subestimada por los gobiernos que informan a la ONU, lo que podría distorsionar los datos sobre el efecto de los programas de interdicción. El informe señala que, en 2001, la cantidad de cocaína incautada equivalía al 44% de la producción mundial estimada. La cantidad de opiáceos (heroína y precursores) incautada fue del 45% de la oferta, un porcentaje mucho mayor que en años anteriores, pero debido en gran parte a la drástica disminución de la producción. La agencia opinó que la producción real de cocaína puede haber sido muy superior a la comunicada por los Estados miembros. Cuando las estimaciones son demasiado bajas, las cantidades incautadas pueden dar al público una falsa sensación de progreso. En los datos comunicados por el INL del Departamento de Estado sobre la producción de hoja de coca, se omitió la producción colombiana de 2001 a 2003 porque la medición había cambiado de peso seco a peso fresco en Colombia. Pero esta omisión causa una grave laguna en la medición estadística, ya que Colombia es, con diferencia, el mayor productor de hoja de coca del mundo. Otro indicio del problema de medición en el seguimiento del éxito de los programas de erradicación es que nunca se habían producido datos para estimar la producción interna de marihuana en los Estados Unidos con los que se puedan medir los esfuerzos de erradicación estadounidenses. Además, la erradicación de marihuana en Estados Unidos se contabiliza por planta, mientras que la erradicación en México se contabiliza por hectárea, por lo que los esfuerzos de Estados Unidos y México no pueden compararse eficazmente. Crítica a la rentabilidad En un estudio de 1994, Controlling Cocaine: Programas de oferta frente a demanda (http://www.rand.org/publications/MR/MR331/), la RAND Corporation analizó diferentes opciones de política pública para controlar la cocaína. El estudio fue financiado por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, el Ejército de Estados Unidos y el Centro de Investigación sobre Políticas de Drogas de RAND, con el apoyo de la Fundación Ford. El estudio concluyó que el programa menos costoso para disminuir el consumo de cocaína sería el tratamiento de los individuos, y el más costoso sería lo que los analistas de RAND denominaron control del país de origen; la siguiente opción más costosa era la de interceptar las drogas en las fronteras. Según este estudio, la cuestión no es si la erradicación y la interdicción funcionan, sino hasta qué punto son rentables. Según el estudio, el tratamiento de los individuos parece ser el más eficaz, y la erradicación, el menos. El estudio fue controvertido. En 1999, el Consejo Nacional de Investigación (NRC) publicó una crítica del estudio RAND, a la que RAND respondió diciendo que el NRC no comprendía del todo el modelo de RAND. La crítica del NRC está disponible en Assessment of Two Cost-Effectiveness Studies on Cocaine Control Policy (Washington, DC: National Academies Press, 1999, http://books.nap.edu/html/cocaine_control/). El estudio RAND sigue desempeñando un papel en el debate político entre los partidarios de la erradicación de la oferta y los partidarios de un enfoque del problema de la droga basado en el tratamiento. La presentación presupuestaria al principio de esta sección parece indicar que, al menos en gastos federales, el tratamiento recibe una parte mucho mayor de recursos que los programas internacionales de erradicación/interdicción. ¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL LA "GUERRA CONTRA LAS DROGAS"? El objetivo de la "guerra contra las drogas" internacional es detener el flujo de un producto que tiene una gran demanda, cuya producción suele ser barata y que ofrece enormes beneficios. Aunque ciertos traficantes pueden dominar durante un tiempo, el tráfico de drogas se caracteriza generalmente por un gran número de participantes (explicación). Capturar a una o dos figuras importantes o a cientos de traficantes de menor importancia sirve de poco para frenar el comercio. Los costes de producción son tan bajos y los beneficios tan grandes que, aunque un traficante pierda la mayor parte de su producto, puede ganar una enorme cantidad de dinero con el resto (explicación). Cuando se establece una política antidroga, los narcotraficantes cambian sus operaciones para eludirla (explicación). Cuando se bloquea una ruta o se cierra un método de producción, los traficantes cambian a otro. Dado que entre el 90 y el 95% del precio de la droga en la calle se basa directamente en los costes de distribución al por mayor y al por menor dentro de Estados Unidos, aunque se destruyera la mitad de los cultivos y se duplicara el precio de la hoja de coca, esta duplicación probablemente no se reflejaría en el precio de la droga en la calle. Además, si Estados Unidos no puede interceptar con éxito el flujo de drogas a través de sus vecinos más próximos, sobre los que puede ejercer una influencia política y económica sustancial e incluso introducir asesores y equipos, ¿qué éxito puede tener en los intentos de detener el tráfico de drogas en lugares como Afganistán o Birmania? El resurgimiento de la producción de opio en Afganistán tras el cambio de régimen propiciado por Estados Unidos es un indicio de los límites del alcance estadounidense cuando se trata de zonas del mundo distantes, inaccesibles y dominadas por culturas muy diferentes. Por último, se pide a los países extranjeros -las naciones productoras- que resuelvan un problema que es el propio dilema de Estados Unidos. Los estadounidenses quieren drogas, son prósperos y, por lo tanto, crean un vasto mercado para las drogas. Mientras persista esta demanda, los proveedores encontrarán la forma de suministrar el producto. Muchos países productores consideran que la "guerra contra las drogas" tendría más éxito si se centrara en reducir la demanda en lugar de erradicar o interceptar la oferta. BLANQUEO DE DINERO Antecedentes El blanqueo de dinero es un aspecto especial de la guerra contra las drogas. En pocas palabras, el blanqueo de dinero es el intento de hacer que los fondos obtenidos ilegalmente parezcan obtenidos legalmente. El dinero en efectivo que recaudan los narcotraficantes, normalmente en billetes de baja denominación (de cinco, diez y veinte), debe depositarse en los bancos para que los fondos puedan transferirse, pagarse de nuevo, gastarse o invertirse. Los traficantes no pueden simplemente transportar su dinero en efectivo a los bancos por camiones para depositarlo sin levantar sospechas. Los blanqueadores de dinero ocultan el hecho de que los fondos depositados en los bancos se han obtenido de forma ilegítima. El fiscal general de Estados Unidos define el blanqueo de capitales como "todas las actividades destinadas a ocultar la existencia, naturaleza y disposición final de los fondos obtenidos mediante actividades ilícitas". El delito está codificado en el Título 18 del Código de EE.UU., Sección 1956. El blanqueo de capitales puede ser desde algo tan simple como enviar por correo un paquete de dinero fuera del país hasta algo tan complejo como una serie de transacciones bancarias internacionales que impliquen la transferencia de dinero a la velocidad de la luz por cable. Antes de 1986, la Ley de Secreto Bancario de 1970 (PL 91-508) era la principal herramienta contra el blanqueo de capitales. La ley obligaba a las instituciones financieras a presentar un informe de transacciones monetarias (CTR) sobre todos los depósitos en efectivo de más de 10.000 dólares. Las instituciones también tenían que presentar informes sobre las transacciones internacionales superiores a 10.000 dólares. Los blanqueadores eludían estas normas manteniendo cada transacción por debajo de 10.000 dólares (lo que se conoce como "pitufeo"). Por ejemplo, dividían un depósito de 100.000 dólares en doce depósitos más pequeños. El smurfing también es ilegal ahora. Hasta principios de la década de 1980, el cumplimiento de la ley por parte de los bancos era laxo y las sanciones poco severas. A raíz del caso de Eduardo Orozco (Orozco blanqueó aproximadamente 151 millones de dólares en beneficios del narcotráfico a través de dieciocho bancos neoyorquinos), el cumplimiento se hizo más estricto. La Ley de Control del Blanqueo de Capitales de 1986 (PL 99-570) convirtió el blanqueo en un delito federal. La ley prohíbe realizar transacciones financieras o transferencias de fondos o bienes procedentes de "actividades ilegales especificadas" y realizar transacciones monetarias superiores a 10.000 dólares con bienes procedentes de "actividades ilegales especificadas". Además, la ley prohíbe la estructuración de transacciones monetarias para eludir el requisito de notificación de los CTR. Cada vez más, el gobierno ha estado vigilando todas las transacciones de las personas conocidas o sospechosas de blanqueo de dinero o tráfico de drogas y, desde el 11 de septiembre, de las sospechosas de vínculos terroristas. Hoy en día, los bancos estadounidenses deben aplicar políticas de "conozca a su cliente". Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro):
Deben verificar la actividad de un nuevo titular de cuenta y supervisar la actividad de todos los clientes comerciales para poder detectar actividades incompatibles con el tipo de negocio de un cliente. La mecánica del blanqueo El tráfico de drogas genera mucho dinero en efectivo. A los consumidores de drogas no les gusta pagar con cheque o tarjeta de crédito (aunque pudieran), no sea que se conozcan sus hábitos. Para ocultar el origen ilegítimo de los fondos de la droga, los traficantes los hacen pasar por empresas legales, que fingen, a cambio de una parte de los beneficios, que esos fondos se han obtenido legítimamente. Los traficantes también depositan el dinero en bancos extraterritoriales que cooperan o sacan el dinero del país. Una vez que el dinero de la droga se ha depositado sin ser detectado en el sistema bancario legal, puede utilizarse libremente. Aunque se desconoce la cantidad real de dinero procedente de la droga que se blanquea en Estados Unidos, las autoridades policiales federales de distintos organismos estimaron en 2003 que los narcotraficantes blanqueaban entre 100.000 y 300.000 millones de dólares, gran parte de ellos a través de instituciones financieras legales. Un paso previo al blanqueo consiste en convertir grandes cantidades de billetes pequeños en billetes más grandes cambiándolos en un banco, una oficina de correos o un servicio de cobro de cheques. A continuación, los billetes más grandes se sacan del país o se depositan en una institución financiera nacional. La vía habitual es depositar los fondos en cuentas en el extranjero. La introducción del dinero en el sistema financiero se denomina fase de colocación. El dinero blanqueado es más vulnerable en esta fase. La normativa y los requisitos de información están diseñados para detectar depósitos inusuales. Una vez que los fondos están en el sistema financiero, se trasladan de una institución a otra para ocultar su origen y propiedad. Esto se conoce como la fase de estratificación. Para eludir los requisitos de información, pueden realizarse numerosos depósitos por debajo del umbral de 10.000 dólares en efectivo. El elevado volumen de transferencias electrónicas y la rapidez con la que se realizan hacen difícil distinguir una transferencia ilegal de una legal, salvo por patrones de actividad como las transferencias frecuentes realizadas por o a instancias de personas poco probables. Un banco importante típico de Nueva York gestiona unas cuarenta mil transferencias diarias, que mueven unos 3.000 millones de dólares. La tercera etapa consiste en la inversión de fondos ilegales en negocios legítimos, conocida como etapa de integración. Los capos de la droga deben poder volver a extraer este dinero en forma de "beneficios" dividendos, comisiones, primas, salarios o en forma de propiedades. Para ello, las organizaciones de narcotraficantes crean y mantienen empresas ficticias o "pantalla". Estas "tapaderas" pueden ser marchantes de arte, tiendas de metales preciosos, casinos, joyerías, empresas de inversión inmobiliaria, concesionarios de coches y barcos o instituciones bancarias, es decir, cualquier tipo de negocio que pueda justificar fácilmente el desembolso de grandes cantidades de dinero. Atacar los ingresos consolidados de los capos de la droga es la forma más eficaz de llegar a las capas superiores o, al menos, de desbaratar sus operaciones. Los capos de la droga están bien aislados de los traficantes callejeros, pero deben mantenerse cerca de su dinero. El blanqueo deja invariablemente un rastro de transacciones en papel o electrónicas que las autoridades pueden rastrear, aunque dicho rastreo puede suponer un enorme esfuerzo de investigación. La Operación Casablanca, llevada a cabo en 1998 por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue una operación de este tipo, calificada por el Departamento del Tesoro como "el mayor caso de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en la historia de Estados Unidos" ("Operation Casablanca Continues Its Sweep", comunicado de prensa, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, 20 de mayo de 1998, http://www.treas.gov/press/releases/rr2467.htm). La acusación se refería a funcionarios de bancos mexicanos y banqueros venezolanos. Varios bancos estadounidenses, entre ellos Citibank y Bank of America, declararon o fueron citados por no supervisar sus propias operaciones. La red internacional estaba vinculada al cartel colombiano de Cali. En la operación se incautaron más de 100 millones de dólares en cuentas bancarias y efectivo nacionales. La operación Casablanca se saldó con más de 160 detenciones, entre ellas las de docenas de banqueros mexicanos y venezolanos. En mayo de 1998, cuarenta y cuatro personas fueron detenidas en la operación final. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro):
De ellos, cuarenta y uno se declararon culpables o fueron condenados. Además, dos bancos mexicanos se declararon culpables de delitos de blanqueo de dinero, y un tercero confiscó 12 millones de dólares. Blanqueo de capitales en la era posterior al 11-S Los atentados terroristas de septiembre de 2001 en Estados Unidos produjeron cambios en los esfuerzos nacionales e internacionales para detener el blanqueo de capitales, dificultando las operaciones de los narcotraficantes (explicación). Como ya se ha señalado, la política del gobierno estadounidense vincula ahora el narcotráfico y el terrorismo. El nuevo rigor internacional se debe a que los terroristas también mueven dinero y deben ocultar su origen. El INL del Departamento de Estado señala una diferencia significativa entre el blanqueo de dinero terrorista y el relacionado con las drogas ("Money Laundering and Financial Crimes", International Narcotics Control Strategy Report-2002, Washington, DC, marzo de 2003, http://www.state.gov/g/inl/rls/nrcrpt/2002/html/17952.htm). Y es que las cantidades de dinero que los terroristas necesitan canalizar hacia sus células son relativamente pequeñas. El atentado del 11-S contó con una financiación estimada de 500.000 dólares, calderilla en el mundo de la droga. La consecuencia es que las técnicas de detección de los movimientos de dinero de los terroristas deben ser capaces de detectar con precisión las transacciones pequeñas. LEY PATRIOTA DE ESTADOS UNIDOS. La Patriot Act, aprobada en octubre de 2001, revisó las disposiciones de la Bank Secrecy Act y modificó el código penal. El INL, en el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes de 2002 antes citado, resume los cambios de la siguiente manera: En el aspecto financiero, la Ley USA PATRIOT amplía el ámbito de aplicación de las leyes de confiscación preexistentes; amplía los requisitos de cumplimiento, información y mantenimiento de registros para determinados tipos de instituciones financieras; fomenta los mecanismos de intercambio de información entre el gobierno y el sector privado; y restringe la capacidad de los bancos ficticios para hacer negocios en Estados Unidos. La Ley USA PATRIOT también modifica la legislación vigente para facilitar la persecución federal de los remitentes de dinero que incumplan los requisitos estatales de autorización o registro. Un banco "pantalla" es un banco que no tiene presencia física en el país. La normativa de aplicación de la Patriot Act no se publicó hasta 2002, por lo que las disposiciones más exigentes de la ley son muy recientes. Seguimiento estadístico en Estados Unidos En virtud de la Ley de Secreto Bancario, las instituciones financieras están obligadas a presentar informes sobre actividades sospechosas (SAR) al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El sistema de informes SAR ofrece una visión estadística a lo largo del tiempo de las actividades que los bancos y otras instituciones financieras han considerado de naturaleza sospechosa y la proporción de las mismas que se considera que están relacionadas con el blanqueo de capitales. Según los datos del Tesoro, las actividades que parecían blanqueo de capitales son las actividades sospechosas más denunciadas, y han ido en aumento. En 1997 (en los meses posteriores al 1 de abril), 35.625 casos, que representaban el 40,1% de todos los casos, se notificaron bajo la categoría de blanqueo de capitales. Sólo en el primer semestre de 2003, 72.462 SAR presentados estaban relacionados con sospechas de blanqueo de capitales, el 47% de todos los casos. A continuación, el INL enumera los métodos utilizados por los narcotraficantes durante décadas para ocultar las fuentes de su dinero: el tipo de actividades que dan lugar a la presentación de ROS: Actividad financiera incompatible con el propósito declarado del negocio; Actividad financiera no acorde con la ocupación declarada; Utilización de varias cuentas en un mismo banco sin fines legítimos aparentes; Importación de moneda de alto valor en dólares y cheques de viaje no acordes con la ocupación declarada; Depósitos significativos e incluso en dólares en cuentas personales durante un breve período; Estructuración de depósitos en múltiples sucursales bancarias para evitar los requisitos de la Ley de Secreto Bancario; Negativa de cualquier parte que realice transacciones a facilitar su identificación; Uso aparente de una cuenta personal para fines comerciales; Cambios bruscos en la actividad de la cuenta; Utilización de varias cuentas personales y comerciales para recaudar fondos y luego canalizarlos a un pequeño número de beneficiarios extranjeros; Depósitos seguidos, en un breve espacio de tiempo, de transferencias electrónicas de fondos; Depósitos de una combinación de instrumentos monetarios atípicos de una actividad empresarial legítima (cheques comerciales, cheques de nómina y cheques de la seguridad social); y Movimiento de fondos a través de países que figuran en la lista de PTNC del GAFI. GAFI. El blanqueo de capitales es una actividad internacional que sólo puede combatirse con la cooperación internacional. A medida que más países han ido reforzando sus controles y compartiendo información, los narcotraficantes han ido sofisticando sus técnicas. Los delincuentes internacionales no están atados a fronteras geográficas y pueden operar en jurisdicciones que permiten, o incluso fomentan, el blanqueo de capitales en sus territorios. Además, la ciberbanca y el efectivo digital son dos métodos utilizados por los blanqueadores para adelantarse a la legislación. La Convención de Viena de 1988 tipificó el blanqueo de capitales como delito internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) es una organización gubernamental multilateral fundada en 1989 con treinta y una naciones miembros de todo el mundo que amplió la Convención de Viena para incluir el producto de todos los delitos. El INL describe al grupo de trabajo como "el buque insignia de los esfuerzos internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo". El GAFI lleva a cabo lo que se conoce como proceso de Países y Territorios No Cooperativos (PTNC), en virtud del cual los miembros del GAFI pueden aplicar sanciones a los países que no hayan aprobado legislación contra el blanqueo de capitales ni aplicado medidas eficaces para hacerla cumplir. Tras el 11-S, el GAFI impuso sanciones a Nauru (una isla del Pacífico Sur) y Ucrania, que llevaban mucho tiempo en la lista de PTNC (explicación). Como respuesta, y presumiblemente para evitar sanciones similares, Dominica, Hungría, Israel, Líbano, las Islas Marshall, Niue (también en el Pacífico Sur), Rusia y San Cristóbal y Nieves introdujeron cambios en sus procesos de blanqueo de capitales, por lo que fueron retirados de la lista de PTNC en 2002. Nigeria ya había modificado su legislación a instancias del GAFI. Ucrania respondió a las sanciones modificando su legislación, por lo que también fue eliminada de la lista en 2003.
Cocaleros de la Amazonia
Los cultivadores de coca de la región amazónica de los Andes son conocidos como cocaleros, parte del campesinado representado por el presidente boliviano Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS). Este sector ha sido objeto de prejuicios y persecución por parte de gobiernos anteriores y agentes estadounidenses, ya que su producto es también la materia prima de la cocaína. Sin embargo, la coca es una planta típica de Sudamérica cuyo nombre proviene del quechua (kuka) y que ha sido consumida durante siglos por los pueblos indígenas de Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y el norte de Argentina. Se mastica o se bebe en infusión y se utiliza como estimulante y antídoto contra el mal de altura. Con la aparición de los cárteles de la droga, en particular los colombianos, las hojas de coca se utilizaron como materia prima para la producción de cocaína, que se exportaba a los mercados de consumo, el 70% de los cuales se encuentra en Estados Unidos (explicación). Como parte de su estrategia para exportar sus problemas y trasladar la responsabilidad a otras regiones del mundo, Estados Unidos lanzó una "guerra contra las drogas" y una operación contra el narcotráfico en las décadas de 1980 y 1990. Los gobiernos conservadores de Bolivia, a partir de Hugo Banzer, aplicaron una política de "erradicación de las plantaciones de coca". La quema o deforestación y el uso de sustancias químicas como herbicidas para la fumigación provocan a menudo graves problemas de erosión, destruyen otras plantaciones y afectan a la salud de la población rural. En protesta por la erradicación de la planta, surgió en la región boliviana de Cochabamba el movimiento de los cocaleros, que adoptó diversas formas de resistencia contra la política estadounidense. Evo Morales se erigió en líder político del movimiento campesino y también luchó por el derecho a cultivar coca para el consumo doméstico tradicional. Su elección como presidente de Bolivia permitió suspender el intento de destruir las plantaciones y poner en práctica una política de legalización del cultivo de coca hasta una extensión de unas 7 hectáreas por familia; al mismo tiempo, el nuevo gobierno propuso a Estados Unidos un acercamiento conjunto en la lucha contra el narcotráfico. Morales llegó incluso a afirmar que el MAS había surgido del movimiento cocalero. Revisor de hechos: Mox
Regulación sobre Control del Tráfico de Drogas
Asunto: regulacion.
Recursos
A continuación, ofrecemos algunos recursos que pueden interesar sobre el tema de este artículo.
Véase También
Tráfico de drogas Consumo de estupefacientes ilícitos Cultivos de estupefacientes Reducir el consumo de drogas adictivas Prohibir las drogas adictivas La investigación de la adicción a las drogas