Valoración del Daño Ambiental
El valor de los bienes medioambientales puede medirse en función de las preferencias de los agentes por el uso o la conservación de dichos bienes. Mientras se trate de un bien con demanda.
Valoración del Daño Ambiental
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.
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Valoración del Daño Ambiental
Valoración del Daño Ambiental en relación con Daño y Responsabilidad Ambiental
Esta subsección examina parte de la literatura y las principales ideas y reflexiones asociadas con valoración del daño ambiental en el contexto de Daño y Responsabilidad Ambiental. Nota: Valoración del Daño Ambiental forma parte del Plan de Estudios de diversas facultades de Derecho y otras ciencias en Argentina, Chile, Colombia, España, México, Perú y otros países, en ocasiones en la especialidad de Derecho Ambiental.Asunto: derecho-ambiental. Asunto: procesos-y-procedimientos-ambientales. Asunto: dano-y-responsabilidad-ambiental.
Evaluación económica de los daños medioambientales
En cuanto queremos internalizar los efectos externos, de forma que quien contamina paga, surge inevitablemente la cuestión de la evaluación económica de la externalidad, en este caso el daño medioambiental. Sin embargo, la monetización del medio ambiente, y más en general de todo el capital natural, sigue siendo una cuestión muy debatida, tanto políticamente como en el análisis económico.
Ampliar el valor más allá del valor de uso presente e individual de un bien
Según la teoría económica convencional, el valor de los bienes medioambientales puede medirse en función de las preferencias de los agentes por el uso o la conservación de dichos bienes. Mientras se trate de un bien por el que exista una demanda y, por tanto, una disposición a pagar, el valor de ese bien seguirá estando vinculado a su uso actual.
Esto plantea la cuestión de si existen valores más o menos desvinculados del uso actual, o incluso del uso del propio bien, es decir, valores de no uso. En lo que respecta al medio ambiente, está claro que un pescador, un cazador o un observador de aves utiliza los bienes del entorno natural y obtiene una satisfacción directa de ellos. Pero, ¿qué ocurre con quienes se limitan a contemplar la naturaleza o, mejor aún, con quienes simplemente desean que se conserve el medio ambiente o que se mantenga la biodiversidad? Esto plantea la cuestión de los valores no relacionados con el uso. Esto refuerza la necesidad de una mejor definición del valor en el ámbito del capital natural.
Si nos interesan los usos futuros de un bien, que están directamente relacionados con su uso actual, la incertidumbre que rodea a estos usos futuros plantea obviamente un problema. No sabemos a priori cuáles serán los gustos o las necesidades de las generaciones futuras. En el mejor de los casos, proyectamos sobre ellas nuestros gustos y necesidades actuales. Asimismo, la existencia de factores irreversibles (la desaparición de especies vivas, por ejemplo) puede tener un impacto definitivo sobre estos usos futuros. Éste es a menudo el caso cuando se trata del medio ambiente. Estos dos factores -la incertidumbre y la irreversibilidad- también influyen en las definiciones del valor de uso cuando se trata de valorar bienes medioambientales.
La dificultad de evaluar los daños medioambientales en términos monetarios
Sólo podemos "internalizar", es decir, encontrar un sustituto para los fallos del mercado, si se puede identificar al emisor y al receptor de la externalidad. En el caso del agotamiento de la capa de ozono, y más aún en el del aumento del efecto invernadero, intervienen multitud de actores en ambos lados. Internalizar los efectos externos requiere conocer los costes monetarios de la contaminación y de su control. Para calcular el coste de agotar la capa de ozono o de aumentar el efecto invernadero, por ejemplo, primero es necesario determinar las relaciones "dosis-respuesta" entre las emisiones y los efectos que provocan. Parte de la controversia científica se refiere precisamente a estas relaciones "dosis-respuesta" en la atmósfera y la biosfera.
La dificultad se ve agravada por el hecho de que muchos problemas medioambientales no pueden separarse unos de otros, ni en su origen ni en sus efectos. Aunque es importante tener en cuenta estas interacciones, sobre todo a la hora de elaborar políticas de control, resulta cada vez más difícil, si no imposible, evaluar no sólo el coste de los impactos de cada uno, sino también el coste de las respectivas políticas diseñadas para contrarrestarlos.
Además, sólo los impactos del mercado pueden evaluarse en términos monetarios utilizando los precios de mercado. Para los demás, hay que establecer un precio sombra utilizando métodos de valoración especiales. Las preferencias de los individuos se utilizan como base para medir los costes de los impactos o, dicho de otro modo, los beneficios que cabe esperar de una política de lucha contra esa contaminación. Se supone que la preferencia por una cosa se traduce en una disposición a pagar. La suma de la disposición individual a pagar (que varía según los individuos encuestados) proporciona un indicador de lo que es socialmente deseable.
En ausencia de un mercado existente o de un mercado sustitutivo de beneficios, la teoría económica recomienda que, para determinar la disposición a pagar, se cree un mercado ficticio preguntando a los individuos lo que están dispuestos a pagar para seguir beneficiándose. Si ante una contaminación local, la eutrofización de un río por ejemplo, ya es difícil aceptar que el coste de esta contaminación se calcule a partir de la cantidad que los usuarios están dispuestos a pagar para devolverlo a su estado original, ¿qué se puede decir entonces de la contaminación global?
De hecho, aunque mejoremos la información de que disponen las personas sobre estos temas, dada la importancia de las cuestiones en cuestión, podemos cuestionar la fiabilidad de estos métodos de evaluación ficticios. ¿Es realmente correcto preguntar a los usuarios del mar cuánto están dispuestos a recibir o pagar para aceptar o rechazar un aumento del nivel del mar, cuando éste es sólo uno de los muchos efectos, y uno que es irreversible?
¿Qué concepto debemos elegir? ¿Deberíamos basarnos en el concepto de "valor de opción"? Se trata de la disposición a pagar una especie de prima de seguro para conservar la posibilidad de utilizar en el futuro un elemento natural. No se trata, por tanto, de una valoración vinculada al uso inmediato de un servicio natural. En el caso de la contaminación global, este valor debería ser infinito, y numerosos estudios han llegado a la conclusión de que este enfoque es inadecuado.
El "valor económico total", otro concepto más elaborado para evaluar los costes de la degradación medioambiental, es la suma de cuatro elementos: 1) el excedente del consumidor resultante de la diferencia entre el precio de mercado y el precio que el consumidor habría estado dispuesto a pagar; 2) el valor de opción definido anteriormente; 3) el valor de legado: disposición a pagar por la satisfacción de transmitir un elemento natural a las generaciones futuras; 4) el valor de existencia: disposición a pagar por la satisfacción de saber que un elemento natural se conserva independientemente de cualquier uso.
Este valor económico total tiene las limitaciones de los métodos basados en la disposición a pagar. Hay demasiados elementos que escapan al alcance de los cálculos individuales como para que la evaluación monetaria de los daños desempeñe el único papel determinante en la elección de una política.
Los métodos y los límites del análisis coste-beneficio
Paralelamente a los intentos de encontrar soluciones basadas en la internalización de las externalidades, hemos asistido al desarrollo del método de análisis coste-beneficio (ACB) como medio de orientar "racionalmente" las decisiones de política medioambiental. El ACB asigna un valor monetario a los beneficios de las políticas, es decir, a los costes de la contaminación que evitan, y los compara con los costes de esas mismas políticas. El responsable de la toma de decisiones sólo tiene entonces que seleccionar aquellas políticas cuyo beneficio marginal supere o iguale al coste marginal. La presión de los responsables políticos para obtener un valor monetario de los beneficios tiende a aumentar con la magnitud de los gastos necesarios para aplicar las políticas de control de la contaminación.
Esta herramienta de toma de decisiones también requiere conocer los costes de la contaminación (a través de los cuales se obtienen los beneficios de las políticas de control de la contaminación, beneficios que se interpretan en términos de pérdidas evitadas) y los costes del control de la contaminación. Esto supone que ambos pueden evaluarse en términos monetarios, cuyas dificultades ya se han puesto de manifiesto.
Además, en cuanto la calidad medioambiental se considera una categoría del análisis de costes y beneficios, hay que tener en cuenta el problema de la distribución desigual de los "bienes y servicios malos" o de los "bienes y servicios" en absoluto. ¿Quién sufrirá el daño y quién podrá obtener un beneficio? ¿Están las probables víctimas del daño en condiciones de expresar sus preocupaciones? Hablamos por tanto de una distribución ecológica desigual. Esto se refiere principalmente a la distribución intertemporal de los daños irreversibles a los ecosistemas (pérdida de especies, deforestación, salinización de los suelos, etc.) y al almacenamiento de residuos tóxicos de larga duración.
El valor de un enfoque basado en el coste de oportunidad
Una forma de evitar la evaluación monetaria es utilizar el enfoque del coste-eficacia preconizado por William Baumol y Wayne Oates ya en 1971. Desarrollado inicialmente para el control de la contaminación, el método puede generalizarse al capital natural en su conjunto. Consiste, en primer lugar, en determinar umbrales medioambientales, por ejemplo niveles de contaminación o de consumo de recursos, en términos físicos y, a continuación, evaluar el coste económico, denominado coste de oportunidad, de alcanzar dichos umbrales. Se establece así una distinción entre los objetivos ecológicos como tales y la cuestión de los requisitos económicos para alcanzarlos.
En el enfoque iniciado por Rofie Hueting y adoptado por Eurostat (la oficina estadística de la Comisión Europea) - véase, por ejemplo, el proyecto Greenstamp - para estimar una "renta nacional verde", se definen umbrales físicos para las funciones medioambientales y, a continuación, se agrupan en varias categorías las medidas necesarias para satisfacerlos. Se realizan estimaciones de las cantidades monetarias necesarias para aplicar dichas medidas. Así pues, las pérdidas o degradaciones de las funciones medioambientales durante un periodo determinado se describen primero en términos físicos y luego se asocian al importe monetario correspondiente al coste mínimo de alcanzarlas mediante medidas de preservación, prevención, protección o restauración. El capital natural ya no tiene un valor monetario discutible, sino que se entiende como un conjunto de "funciones medioambientales" que hay que mantener en vista de su contribución a las oportunidades presentes y futuras para el bienestar humano.
Estas estimaciones de los costes de restauración o preservación proporcionan el coste de oportunidad en términos de consumo al que la sociedad tendría que renunciar para alcanzar o mantener niveles específicos de función medioambiental. En efecto, la sociedad puede elegir entre: mermar/degradar las funciones medioambientales al no realizar los ajustes necesarios para mantener el capital natural; y renunciar al consumo o al uso del capital económico si éste es necesario para mantener el capital natural.
Este método de cálculo de los costes de oportunidad del cumplimiento de los umbrales medioambientales proporciona, por tanto, un indicador de los costes del cumplimiento de los umbrales en términos de la magnitud del gasto necesario en activos económicos. Estos costes económicos no son reducciones netas del valor de la actividad económica. Más bien indican hasta qué punto es necesario reorientar la actividad económica. La identificación de los umbrales y la compensación entre los diferentes objetivos es un proceso de elección política y social.
En definitiva, mientras que los análisis económicos permiten identificar categorías de efectos externos y, de forma más o menos aleatoria, cuantificarlos, los análisis de los procesos sociales y políticos son complementos esenciales. Estos análisis determinan la importancia que se atribuye (o no) a cada categoría de efecto externo e indican hasta qué punto los agentes económicos y políticos pueden o deben "tener en cuenta" los beneficios o los costes y, por tanto, "ponerles precio".
Revisor de hechos: EJ
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Recursos
Véase También
Bibliografía
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